Imagen de archivo del hotel construido en la playa de El Algarrobico. / EFE La Junta de Andalucía ha dado un paso al frente y finalmente se ha decidido a formalizar la compra de los terrenos del Algarrobico, en el Parque Natural de Cabo de Gata (Carboneras, Almería), donde la empresa Azata del Sol levantó un macrohotel con una veintena de plantas y 411 habitaciones. El propósito de la Administración autonómica es cumplir su promesa de demoler esta mole de cemento, trabajo presupuestado en 7,1 millones de euros, que cuenta con el respaldo del Gobierno central, con el que se firmó un protocolo de colaboración. El Ejecutivo andaluz registrará estos terrenos después de que en el mes de enero, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) declarase firme una de las tres sentencias que dan a la Junta la propiedad del suelo por un importe de 2,3 millones de euros. Esta resolución desestimó el recurso de apelación del Ayuntamiento de Carboneras contra el derecho de retracto que ejerció el Gobierno que presidía Manuel Chaves en 2006. Esta decisión de la Junta se ha producido después de la insistencia de IU y de los grupos ecologistas de que ejerciese este derecho de retracto y días después de conocerse la última sentencia del TSJA que declaraba legal la licencia municipal de las obras concedidas en 2003 para hacer el hotel. La Administración autonómica, nada más conocer esta última resolución judicial anunció que agotaría todos los resquicios legales para derribar el edificio y restaurar la zona, pero no fue hasta ayer cuando el consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, anunció que se va a proceder a la inscripción registral de varias fincas del paraje de El Algarrobico, lo que supone que se «formaliza» la titularidad pública del suelo sobre el que se levanta el hotel de Azata del Sol. Aseguró que se trata de «la acción definitiva» para poner «ya a disposición de la Administración» los terrenos para proceder a demoler «esa monstruosidad que nunca debió construirse». En una comparecencia junto al presidente de la Diputación, José Loaiza, para presentar la prueba Tarifa Pro Kite Tour 2014, Jiménez Barrios reveló que la Junta ya depositó en la Caja Provincial de Depósitos de Almería el montante de 2,3 millones de euros por el que la Junta se hace con la propiedad del suelo en aras de su interés medioambiental y reiteró que «en el menor tiempo posible» se hará efectiva esa inscripción en el registro, tal y como dispuso el TSJA en sentencia firme el pasado mes de enero. El consejero enmarcó esta decisión en el contexto generado por las últimas resoluciones sobre la legalidad o no de este hotel y al «extraño procedimiento entre uno y otro juzgado». Tal y como ha determinado el TSJA en tres sentencias, de las que dos han sido recurridas ante el Tribunal Supremo (TS) por la promotora Azata, debe ser el delegado provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Almería el que, en nombre de la Junta, «formalice las escrituras de compraventa o, en su defecto, las actas de pago y ocupación», así como la demás documentación necesaria para la «total inscripción» de las cinco fincas que componen los sectores urbanísticos señalados de El Algarrobico en «los registros pertinentes», manifestó el consejero. Este anuncio de la Junta fue ayer muy aplaudido tanto por IU como por las asociaciones ecologistas. La coordinadora provincial de IU en Almería y parlamentaria, Rosalía Martín, celebró que «por fin se imponga la cordura» y expresó su confianza en que «ahora que se inicien los trámites para el derribo del hotel y se cumpla el protocolo aprobado entre la Junta y el Gobierno central». Su compañero de formación, el consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, calificó de «absolutamente acertada y valiente» la decisión de la Junta de ejecutar el retracto sobre El Algarrobico y formalizar la titularidad pública del suelo, lo que demuestra que «este Gobierno pone coto a la especulación y a los desmanes cometidos en el pasado». Por su parte, Greenpeace, SEO/BirdLife, Ecologistas en Acción y WWF reclamaron que la demolición del macrohotel sea «efectiva», porque, según expusieron, ahora que la Junta ha adquirido la titularidad de los terrenos «tiene toda la legitimidad» para derribar el edificio en el momento que quiera. Las voces discordantes con la decisión de la Administración andaluza fueron el alcalde de Carboneras, el independiente Salvador Hernández, y la empresa Azata, quienes recordaron que «aún quedan dos resoluciones judiciales pendientes». Hernández fue más allá y denunció que «se tomen decisiones en caliente» que podrían suponer que «dentro de un tiempo tengamos que indemnizar con muchos millones de euros» a la empresa promotora, Azata del Sol.