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La Junta afirma que elbaremo social no sirve para la Corrala

La delegada territorial de la Consejería de Fomento defiende que no es una adjudicación y que sólo necesita conocer sus necesidades sociales

el 02 jun 2014 / 21:34 h.

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«No hay baremo que valga». Así de tajante se mostró ayer la delegada provincial de la Consejería de Fomento y Vivienda, Granada Santos (IU) al referirse a los informes de los servicios sociales del Ayuntamiento sobre los miembros de la Corrala Utopía. Mientras que el alcalde, Juan Ignacio Zoido (PP), insistía en que sólo dos familias encajan en el denominado baremo social y, por tanto, podrían tener acceso a un piso social, Santos replicaba que sólo  necesita estos informes para saber «sus necesidades sociales». «No soy trabajadora social, pero  viendo y conociendo el perfil de las familias, tienen necesidades  sociales», lo que a su juicio justificaría la entrega de las  citadas viviendas protegidas a modo de realojo provisional, «no es una adjudicación», matizó, por lo que «no hay que aplicar el baremo, ni por la normativa autonómica ni por la municipal», dijo. «Es muy triste esta batalla entre pobres contra pobres», lamentó Santos, quien volvió a insistir en que el Ayuntamiento pretende «crear confusión», mientras  mantiene «vacías» unas 528 viviendas públicas de su titularidad pese a que hay más de 300 personas en la lista de espera de una vivienda social. En su opinión, una sentencia les obliga a dar solución al problema de la Corrala si están en exclusión social, «no nos dice que corra una lista, aunque también hay que atajar el problema de todas esas familias». La delegada acusó al PP de «poner piedras en el  camino» e incluso indicó que no pudo leer los informes porque desde el pasado jueves la concejal de Familia  y Asuntos Sociales, Lola De Pablo-Blanco, no le contesta ni a sus llamadas telefónicas ni a sus mensajes «para que me aclare a dónde ha enviado los informes». El alcalde, por su parte, explicó ayer que los informes que  contienen las evaluaciones sociales obran ya en su  poder y los mismos ponen de manifiesto que sólo son dos las  familias que se atienen a los requisitos del baremo social. Defendió que se trata del resultado del trabajo de «los  técnicos sociales del Ayuntamiento, que no son ni de uno ni de otro,  sino funcionarios municipales» que trabajan según criterios  profesionales y merced a «las normativas vigentes». Para el Ayuntamiento, el registro de vivienda para las VPO_y el baremo social para los pisos sociales están «para cumplirlos».

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