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La Junta ajusta 2.700 millones sin aclarar qué recortará

El Gobierno podrá intervenir una comunidad desde septiembre pero ahora no lo ve necesario.

el 30 abr 2012 / 20:05 h.

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La secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernandez Currás, y el de Administraciones Públicas, Antonio Beteta.

El Gobierno andaluz confirmó ayer que ha enviado en tiempo y forma el plan de ajustes que había requerido el Ministerio de Hacienda a todas aquellas comunidades que quisieran acoger al plan excepcional de pago a proveedores. Como ya se aprobó en Consejo de Gobierno hace dos semanas, la Consejería de Hacienda ha comunicado un recorte –“retención de crédito”– de 2.696,8 millones de euros del Presupuesto en vigor, pero sin especificar ni aclarar en qué partidas se harán estos ajustes. Fuentes de la Consejería de Hacienda precisaron que este documento responde a lo requerido por el Ministerio y que se atiene “a una serie de parámetros” que fueron solicitados formalmente a todas las comunidades el pasado día 18. Más adelante, confirman desde la Junta, habrá que presentar un plan de reequilibrio que sí deberá recoger recortes a más largo plazo y donde se detallarán las partidas afectadas. Desde la Consejería alegan además que ahora mismo operan como un Gobierno en funciones, sin potestad para modificar el Presupuesto o ninguna otra ley. Igualmente desde Hacienda se quejan de que el Gobierno central no haya expuesto a las autonomías un relato claro de los recortes previstos y aseguran que hasta el pasado viernes no se conocieron las previsiones macroeconómicas con las que las autonomías deberán de reformular sus cuentas públicas.

Será el nuevo Ejecutivo andaluz, que tomará posesión al final de esta misma semana, el que asuma qué gasto menguará en unas cuentas autonómicas para 2012 que están pendientes de revisión y que ascienden a 32.020 millones de euros. PSOE e IU, socios del futuro Gobierno andaluz, han pactado ya el cumplimiento del déficit público y recortes en determinados gastos. Desde la Junta no garantizan que esta reforma presupuestaria vaya a dejar a salvo las partidas de educación o sanidad pero achacan posibles recortes en esas áreas a las políticas del Gobierno de Mariano Rajoy. El acuerdo de PSOE e IU defiende “políticas alternativas” y avisa de que “la consolidación fiscal no puede ser una coartada para la privatización de servicios públicos” pero mantiene el compromiso con el déficit público.

Esa es la ambigüedad en la que se mueven los dos partidos que formarán el Gobierno de José Antonio Griñán. El PP andaluz consideró “sospechoso e increíble” que la Junta no haya explicado sus ajustes y volvió a denunciar que el Gobierno oculta facturas pendientes del sector de la construcción. La Junta afloró más de 700 recibos por valor de 2.763,3 millones de euros. Una deuda con los proveedores menor a la de otras comunidades en relación al volumen del Presupuesto o a la población, defendió la consejera Carmen Martínez Aguayo. La mayoría se deben a empresas sanitarias.

intervención. Desde el Ministerio de Hacienda precisaron ayer que las comunidades podrán ser intervenidas desde el próximo mes de septiembre si no cumplen con la senda de consolidación presupuestaria, aunque cree que no será necesario. Según sus cálculos, todas ellas “tienen capacidad real” para cumplir con los objetivos de déficit y, en todo caso, podrán solicitar antes una “intervención voluntaria”, de la que ninguna de ellas ha hablado hasta el momento.

Así lo han asegurado fuentes del gabinete que dirige Cristóbal Montoro, que han señalado que la intervención supondría una merma en la imagen de las comunidades, que todas tratarán de evitar cumpliendo el objetivo de déficit fijado en el 1,5% del PIB.

En cualquier caso, cualquier eventual intervención es una posibilidad recogida en la Ley de Estabilidad Presupuestaria que ayer lunes publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su entrada en vigor hoy.

Ayer finalizó el plazo para que las comunidades presentaran sus planes económicos y financieros para reconducir sus desviaciones. De acuerdo con la nueva Ley, a partir de ese momento el Gobierno tiene 15 días para darles su aprobación, antes dar paso a otras medidas.

Se prevén multas ante incumplimientos reiterados. Pasados nueve meses, el Ministerio de Hacienda podrá enviar una delegación a la comunidad. El plazo de la intervención se podría reducir a tres meses, de ahí que el plazo para las primeras intervenciones se sitúe en septiembre.

Desde el Ministerio se confirmó ayer que no se espera “ninguna sorpresa” en los informes presentados. Habrá que esperar la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebrará previsiblemente en la primera quincena de mayo para conocer las comunidades que suspenden. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, junto a la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, Marta Fernández Currás, recordaron que las comunidades deben de ahorrar hasta 10.000 millones de euros, a los que habría que añadir otros 10.000 millones a través de los recortes en sanidad y educación.

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