La Junta de Andalucía se ha adherido a la demanda presentada por el abogado de Carmen Fernández, la madre a la que le retiraron a sus dos hijos Iván y Sara, en la que reclama tres millones de euros al Ministerio de Justicia por el "anormal" funcionamiento de la Administración de Justicia, en representación de Iván, ya que hasta febrero tenía su tutela al ser un menor. En la demanda, la Junta asume su responsabilidad en el caso, pero también recuerda la del Gobierno, pues "es impropio de un Estado que propugna como uno de sus valores la Justicia y reconoce el derecho a la tutela judicial efectiva" que se haya dilatado tanto en el tiempo este caso.
La madre de los menores falleció en diciembre de 2007, pero antes inició varios procesos judiciales contra las diferentes administraciones que intervinieron en el proceso de desamparo de sus hijos. Uno de ellos fue contra la Junta de Andalucía a la que el Tribunal Constitucional, poco después de la muerte de Carmen, le condenó a pagar una indemnización de 1,7 millones de euros por la retirada irregular de los menores.
El otro era contra el Ministerio de Justicia, al que reclama tres millones de euros, por el funcionamiento "anormal de la Justicia que provocó que el caso se dilatara de forma excesiva e hiciera imposible ejecutar la sentencia que le daba la razón a la madre de los niños. Tras su muerte, fueron sus herederos los que tuvieron que ratificar la demanda. Sara, que volvió con Carmen, era mayor de edad y decidió continuar con el proceso, del que desistieron sus dos hermanos mayores. Iván, que continuó viviendo con sus acogedores, era entonces menor de edad y su tutela la tenía la Junta de Andalucía. Ésta decidió entonces adherirse a la demanda del abogado de Carmen, Gabriel Velamazán.
Los servicios jurídicos de la Junta solicitaron entonces tres millones de euros -y de forma subsidiaria 117.320 euros- al entender que se dio "un daño efectivo, individualizado y evaluable económicamente" a la madre de los niños por la "excesiva dilación del procedimiento".
La Junta se opuso en su día a pagar la indemnización a Carmen, llegando incluso el Constitucional por entender que se había vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva. Velamazán se preguntó ayer ante los periodistas "cuándo y a cuento de qué se ha roto el idilio entre la Junta y la Administración de Justicia". El letrado calificó de "irónica" la postura de la Junta por pedir ahora los tres millones y destacó que "por fin ha reconocido su error" y pidió que aclare "sus contradicciones".
Fuentes de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social aclararon ayer a Europa Press que "ya no representan" legalmente a Iván por ser ya mayor de edad, por lo que será él mismo quién debe de decidir "si desea seguir adelante con la reclamación", ya que la Junta "no se constituye como parte interesada".
De este modo, explicaron que mientras el hijo de Carmen Fernández fue menor de edad, la Junta era la encargada de desempeñar su representación legal en las acciones que lo pudieran afectar, entre ellas, las procesales. Así, según la Consejería, se adhirió porque como su tutora legal "no lo podía dejar indefenso".
