"Ahora parece que toda la corrupción del planeta Tierra se está produciendo en Andalucía". La queja la entonó ayer la consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno, Mar Moreno, en la habitual rueda de prensa de los martes, en la que el equipo de José Antonio Griñán, después de semanas sin oxígeno, dio un golpe sobre la mesa. El Gobierno lamentó que la agenda política, incluso la nacional, esté monopolizada por una supuesta campaña del PP, tejida con "una maraña de mentiras y medias verdades", "patrañas".
En las reflexiones que hiló ayer el Gobierno -acompañó a Moreno la consejera de Agricultura, Clara Aguilera- había "preocupación", frustración y, sobre todo, admitieron, indignación porque la acción "acertada o desacertada" del Ejecutivo no logre trascender a los ciudadanos y quede atrapada "por la agenda que está marcando otra gente", dijo Aguilera.
La titular de Agricultura es una de las componentes del Gobierno que siempre habla con más vehemencia y dejó constancia de muchas de las reflexiones que fuera de micrófono hacen sus compañeros. "Me preocupa como servidora pública que los asuntos que preocupan a los andaluces estén fuera de la agenda política del día a día. Esta situación creada no es cómoda", admitió tras presentar un plan de regadío para Andalucía sobre el que criticó no hubiera ni una sola pregunta. Aseguró que no era por una cuestión de "protagonismo", pero lamentó que las políticas sectoriales "no tengan repercusión". "Me afecta mucho", confesó.
Aguilera puso voz a un "sentimiento" -dijo ella misma- que comparten muchos de sus colegas, preocupados además por el gran daño electoral de esta situación. En este escenario, el gabinete de Griñán pasó a la ofensiva y se armó de advertencias al líder de la oposición, Javier Arenas: "La mentira es otra forma de corrupción", "el PP está cometiendo un fraude a la verdad" o "el PP está instalado en un atajo lleno de mentiras", dijo Moreno.
La consejera de la Presidencia trazó una raya. Una cosa es, dijo, que un tribunal investigue un presunto fraude en los fondos de ayudas a empresas en crisis donde "lamentablemente" parece que han participado cargos públicos, dijo en alusión al caso de las ayudas para Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) donde se habrían colado intrusos y supuestamente malversado fondos. Pero el resto de denuncias, advirtió, responden a un "totum revolutum" que la Junta quiere frenar como sea. Ahí enmarcó las denuncias sobre la actividad empresarial del hijo de Manuel Chaves o el presunto fraude empresarial con ayudas de la UE.
"Arenas denuncia que el Gobierno ha repartido 600 millones de euros entre sus amiguetes y es mentira. El fondo es legal. Y se ha demostrado que hay concejales del PP en las polizas irregulares y empresarios relacionados con el PP que han cobrado de este fondo", subrayó Moreno.
El Gobierno se hizo eco de la información de El País, que señala que el despacho de abogados del suegro de Arenas, Olivencia-Ballester, cobró en 2001 por asesorar a la empresa Santana Motor del fondo de ayudas de Empleo que investiga la justicia. Facturó 119.828 euros.
El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, denunció una campaña de "difamación" sobre el trabajo realizado por el bufete de abogados de Manuel Olivencia, que fue contratado -señalaron- en concurso público, frente a otras ofertas, por su "prestigio". El PP denunció una estrategia "burda" fruto de la "histeria".
Sobre las informaciones que denuncian que Iván Chaves actuó de intermediario ante la Junta para conseguir apoyo a proyectos empresariales, Moreno fue firme. Acudió a la información que señalaba al hijo del expresidente como conseguidor de un campo de golf en Jaén. Un proyecto, señaló Moreno, que aprobó el PP en el Ayuntamiento y frenó el PSOE por no ajustarse al plan urbanístico. "Siempre pasa con Arenas. Seguro que ya no es ni un pelotazo ni tráfico de influencias ni nada, ha vuelto a dispararse a los pies", dijo Moreno. No contestó si ella ha recibido o no al hijo de Chaves en su despacho. Quiso, alegó, cerrar la puerta a especulaciones. "Nadie de este gobierno toma decisiones en función de los apellido de nadie" y "los despachos de la Junta están abiertos a todos, también a muchos alcaldes y cargos del PP", fueron sus respuestas.