La reforma de la ley de cajas de ahorros de Andalucía no está pensada para las cajas tradicionales. Busca el fortalecimiento del sistema financiero andaluz, lo cual irremisiblemente implica facilitar la conversión de cajas de ahorro en bancos de mayor fiabilidad que reactiven la fluidez del crédito tanto para las familias como para las empresas. El decreto ley que fue aprobado ayer en Consejo de Gobierno, y que entrará en vigor en pocos días, recoge tres figuras para reforzar la capitalización de las cajas: gestionar la actividad de las cajas a través de bancos; la fusión fría o SIP (Sistemas Institucionales de Protección) entre varias entidades y la desaparición de la caja como tal, que pasa a convertirse en fundación para seguir gestionando la Obra Social.
En el caso de los bancos resultantes de los procedimientos de integración, la nueva ley obliga a los bancos o cajas foráneas (no andaluzas) que operen en Andalucía a reinvertir en obra social en función de los recursos o depósitos que hayan obtenido. Así ocurrirá en los dos procesos de alianza ya consolidados entre cajas andaluzas y entidades de otras comunidades: Caja Granada, que se integró con tres firmas del Levante (Caja Murcia, Caixa Penedés y Sa Nostra) para constituirse en el banco Mare Nostrum. Y el más reciente enlace de la sevillana Cajasol con Caja Canarias, Caja Navarra y Caja de Burgos, de la que ha surgido Banca Cívica. La tercera pieza del puzle financiero andaluz es la malagueña Unicaja, que transferirá su negocio a un banco de su propiedad, y está pendiente de la fórmula jurídica con la que se fusionará con Caja España-Duero.
El cambio de modelo organizativo tendría que ser acordado por una mayoría de dos tercios de la asamblea general de la caja. En caso de aprobarse la fusión fría o la conversión en banco, la autorización corresponderá en última instancia a la Consejería de Economía, mientras que la transformación de la caja en fundación necesitará el aval del Consejo de Gobierno. La metamorfosis de las cajas necesitará siempre el beneplácito de la Junta, que se reserva el derecho de vetar la transformación si no responde a las expectativas del mercado financiero andaluz. La norma no recoge los criterios por los que se impondría el veto, aunque el consejero de Economía, Antonio Ávila, precisó ayer que "tendrán que ser argumentados".
Control político. El Gobierno andaluz intenta mantener el máximo de representación pública en las cajas, sobre todo en las fundaciones, donde la participación de lo público es más consistente (la Junta tutelará los patronatos que gestionen las fundaciones). "Alguien puede pensar que la norma es excesivamente intervencionista, pero era el momento de realizarlo. Donde se entiende que hay responsabilidad de la Junta, no se ha eludido", explicó Ávila. Con todo, la norma también busca despolitizar las cajas: en tres años, los cargos electos y altos cargos de la administración que ahora formen parte de los consejos de administración de las cajas tendrán que abandonarlos.
Otro de los aspectos que desarrolla la norma andaluza -adaptación de la Ley estatal de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (LORCA)- es el límite a las retribuciones de los directivos de las cajas. Ni los presidentes ni ningún miembro de los órganos de gobierno podrán cobrar más que lo que percibe el presidente de la Junta (69.000 euros al año). Pero este tope sólo es aplicable a las cajas, porque la Junta no tiene potestad para limitar el salario de los banqueros. Antonio Pulido y Braulio Medel no cobrarían más que Griñán como presidentes de las cajas, pero también serán directivos de los bancos resultantes, y en esa segunda faceta los límites que impone la ley no les afectan. La norma prohibe la percepción simultánea de dietas y sueldos.
PP e IU han criticado a la Junta por aprobar la norma de urgencia y sin consenso, y Ávila les ha reprochado que en seis meses no le hayan mandado ninguna propuesta sobre la reforma.
Economía tutelará la obra de las fundaciones
Si la caja decide transformarse en una fundación de carácter especial, la obra social se someterá a la Ley de Cajas y la Consejería de Economía ejercerá el protectorado sobre dicha fundación, que debe tener un patronato con un máximo de 20 miembros, al que se unirá un miembro de la consejería, con voz y sin voto. Economía podrá establecer reglas sobre el funcionamiento del patronato. Éste representará a los grupos que ya formaban parte de las cajas.
Más mujeres en los órganos de gobierno
La nueva norma introduce el principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres en los órganos de gobierno de las cajas, “un sector poco feminizado”, según Ávila. Las entidades tendrán que remitir a la Junta los informes de gobierno corporativo de las cajas, y también el informe de remuneraciones del consejo de administración y comisión de control. En esta adaptación desaparecen las referencias que existían a la Iglesia Católica, algo derivado de la desaparición de Cajasur.
Cae la representación de los ayuntamientos
La ley estatal rebaja al 40% la representación de las administraciones públicas en los órganos de gobierno. El reparto en la norma andaluza es el siguiente: las entidades fundadoras mantienen el 13% actual; las corporaciones locales ven reducida del 22 al 15% su representación, mientras que el Parlamento andaluz la limita del 15% al 12%. Los impositores conservan el 27% y los empleados, el 15%. Para otras organizaciones, se incrementa del 8 al 18%.
