El Gobierno andaluz está en contra de la Formación Profesional Básica, el nuevo ciclo que introduce la ley Wert y que sustituye a los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) para alumnos con dificultades de aprendizaje (la mayoría repetidores que abandona el sistema de forma prematura). La Junta denuncia que esta fórmula sirve para segregar a los buenos estudiantes de los alumnos con problemas, y que la FP Básica será una «vía de evacuación temprana» de estos últimos para que no computen en el balance de fracaso escolar. Ésta es una de las razones, quizá la principal, por la que el Ejecutivo de Susana Díaz ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). Entretanto, la Consejería de Educación ha pedido al ministro José Ignacio Wert que no aplique o postergue la entrada en vigor de la FP Básica, prevista para el próximo mes de septiembre, porque hay dudas sobre el diseño, la oferta, la estructura y la financiación necesaria.
Dicho esto, como parece irremisible que la FP Básica entre en vigor el próximo curso, el departamento de Luciano Alonso está maniobrando para adaptarla a los criterios andaluces, evitando que este ciclo se convierta en «una vía a ninguna parte en la que los alumnos no tengan opciones de obtener el graduado escolar». Para ello, la consejería tiene previsto ampliar en 100 horas el currículum oficial de la FP Básica, que el Ministerio de Educación ha ordenado con 2.000 horas. «El margen de más que creará Andalucía está pensado para dar más oportunidades a los estudiantes para adquirir las competencias necesarias para optar a la titulación de Secundaria. Es una medida compensatoria», confirmaron fuentes de la consejería. El departamento de Alonso aún estudia cómo ofertará esas 100 horas de más, y si estarán dedicadas en exclusiva a la preparación del examen de reválida obligatorio para obtener el título de Secundaria.
La FP Básica es una bifurcación de la etapa Secundaria que separa a los repetidores de 3º de ESO (de 15 a 17 años) del resto. En el primer diseño que elaboró el Ministerio, el ciclo preparaba al estudiante en una formación técnica para un trabajo determinado, igual que hacían los PCPI. Pero estos, además de ofrecer certificados de profesionalidad (un minitítulo que acredita las habilidades en un oficio) también permitían acceder al título de Secundaria, y el nuevo itinerario de la Lomce no.
La protesta de las comunidades autónomas, incluidas las del PP, y de parte de la comunidad educativa obligó a Wert a cambiar ese diseño. Finalmente, la FP Básica sí permite obtener el título de graduado en ESO, pero sólo si se aprueba la nueva reválida de Secundaria que crea la Lomce. Aún así, la Junta siguió cuestionando este modelo, porque cree que los alumnos estarán en «desventaja» puesto que no les formarán para aprobar ese examen. Tras la última conferencia sectorial de Educación, Alonso aseguró que el ministro le había dicho personalmente que «la FP Básica no estaba diseñada para obtener un título». En Andalucía, este curso se imparten 484 unidades de PCPI en los institutos, 324 de primer año, donde estudian en torno a 6.500 estudiantes. En teoría, el mismo número de alumnos se vería afectado por la implantación en septiembre de la FP Básica. La Junta oferta ahora mismo 25 títulos de PCPI, mientras que la Lomce reduce la oferta a 21, otra incógnita que la consejería aún no sabe cómo resolverá (profesores y estudiantes que en teoría sobran). Además, la duración de un PCPI es de un año, y la FP Básica se amplía a dos cursos (los repetidores pueden estar hasta cuatro años). Por último, el Ministerio financiará el ciclo con 50 millones para todas las comunidades, cuando en un principio habló de un presupuesto de 2.000 millones.
