La Consejería de Educación rectificó ayer una de las decisiones más polémicas que había adoptado para implantar la Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) el próximo curso: reducir la oferta de cursos de atención a la diversidad, es decir, la enseñanza dirigida a los alumnos con más dificultades de aprendizaje. La llamada ley Wert, que ha aprobado el Gobierno del PP en contra del criterio de la Junta, ha modificado el modelo de atención a la diversidad: los llamados Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), para alumnos repetidores de 15 a 17 años, desaparecen, y son sustituidos por la Formación Profesional Básica.
Los primeros permitían el acceso al graduado escolar, y la FP Básica no. Luego el Ministerio rectificó y habilitó un puente a la Secundaria, previo examen. Pero la Junta siguió en contra de esta fórmula, porque lo considera «una vía de evacuación» para los alumnos repetidores o con malas notas, que ya no computarán en las estadísticas de fracaso escolar.
Pese a las reticencias, el departamento de Luciano Alonso empezó a preparar la implantación de la ley Wert en Andalucía, y anunció que pondría en marcha 425 unidades de FP Básica. La medida alarmó a todos los sindicatos de profesores, que salieron a manifestarse, porque la oferta anunciada suponía un recorte de 76 unidades públicas (de las 826 actuales) y 24 concertadas (de 212). Esas 110 aulas de PCPI se perdían en la conversión del modelo hacia la FP Básica. Suponía la desaparición de 2.000 plazas para alumnos con dificultades de aprendizaje y, según los sindicatos, un ajuste de personal de 200 profesores.
Las críticas llegaron desde fuera (el PP lo denunció en el Parlamento) y desde dentro (IU, socio de Gobierno, mostró su rechazo). Alonso explicó que los cursos de PCPI no eran de oferta obligatoria en los institutos, y los ciclos de FP Básica sí. Cada unidad, estimó Alonso, tenía un coste de 130.000 euros, y el Ministerio aún no había explicado cuándo llegarían los fondos de Bruselas para costearlo. Al final la consejería ha rectificado a menos de dos meses del inicio del curso. Todos los institutos que este año han impartido cursos de PCPI ofertarán el primer ciclo de FP Básica a partir de septiembre: 501 unidades, que además se amplían hasta las 505, con un total de 9.860 plazas.
La paradoja ahora es que la Junta, que rechaza de plano la FP Básica, extenderá el modelo más de lo que lo hizo con el sistema anterior, abrirá la ratio de 20 a 30 alumnos por aula y ampliará el ciclo en 100 horas más de lo que fija el Ministerio, para que los chavales tengan oportunidad de preparar el examen del graduado escolar. Todo ello, recordó Alonso, sin que el Gobierno central haya garantizado aún su financiación.
La consejería también presentó ayer el borrador de la nueva Primaria, donde destaca la reducción del horario de Religión, de una hora semanal a 45 minutos, el mínimo legal permitido. Los colegios contarán con una autonomía del 18% del horario para completar las materias troncales y específicas o el refuerzo escolar. Con ese margen, cada escuela puede elegir a qué materia aumentará el horario. La Educación Artística se mantiene como específica obligatoria, y progresivamente la segunda lengua extranjera. Educación para la Ciudadanía, eliminada por el Gobierno, será de libre configuración, de oferta obligatoria para todos los colegios.
"Ideas a cambio de dinero, una provocación" Andalucía y Canarias, dos de las regiones más críticas con la ley Wert, denunciaron ayer que para recibir la financiación, el Ministerio de Educación les pide que firmen un documento que reconoce las bondades de dicha ley. Wert ha propuesto a las comunidades un convenio de colaboración, que deberán suscribir para recibir el dinero de la Lomce, en el que se elogia su papel para hacer frente a los principales problemas del sistema educativo y facilitar la permanencia de los alumnos. Los firmantes (Wert y los consejeros de Educación de cada región), dice el convenio al que ha tenido acceso esta redacción, «exponen» que la Lomce «pretende hacer frente a los principales problemas detectados en el sistema educativo español sobre los fundamentos proporcionados por los resultados objetivos reflejados en las evaluaciones periódicas de los organismos europeos e internacionales». También sostiene que los itinerarios paralelos, en función del rendimiento del alumno, garantiza a los estudiantes «una más fácil permanencia en el sistema educativo y, en consecuencia, mayores posibilidades para su desarrollo personal y profesional», algo que la Junta rechaza de plano. Así consta en el convenio para la financiación de la FP Básica y los nuevos itinerarios de la ESO. Andalucía tildó el documento de «provocación» y acusó al ministro de plantear «el intercambio de ideas por dinero».
