Andalucía ha acogido con mucha satisfacción la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), que ha dictaminado que la legislación española sobre desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza a los ciudadanos una protección suficiente frente a cláusulas abusivas en las hipotecas. La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU), una de las más beligerantes con la actual normativa estatal, exigió ayer al Gobierno que se paralicen todos los desahucios de forma inmediata y que se restituyan los derechos vulnerados por estos desalojos con carácter retroactivo, algo que, a su juicio, pueden y deben hacer las familias a partir de ahora.
La sociedad civil se ha organizado para intentar frenar el drama de los desahucios.
En declaraciones a los periodistas en el Parlamento, la consejera resaltó la importancia de esta sentencia y recordó que en España se han registrado 400.000 desahucios ilegales y 80.000 en Andalucía desde 2007. Consideró que el fallo del tribunal europeo dice que la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley Hipotecaria no responden ni dan protección a los ciudadanos frente a las cláusulas abusivas, no ha habido tutela judicial efectiva de lo que es un derecho que tienen las personas.
Para Cortés, existe una responsabilidad política de todos los Gobiernos que se lavaron las manos y miraron para otro lado cuando se produjeron en este país tantos desahucios. La consejera insistió en que el Gobierno está obligado a aprobar la iniciativa legislativa popular sobre la dación en pago con carácter retroactivo y a cambiar las leyes. Debe existir una restitución política y jurídica de la violencia ejercida sobre las familias, aseguró.
Su partido, IU, presentará en abril una iniciativa en el Parlamento para instar al Gobierno a tramitar la ILP contra desahucios. El PSOE-A también exigió a Rajoy que modifique las leyes. Las asociaciones de consumidores y el Defensor del Pueblo, José Chamizo, se felicitaron por la sentencia de la UE e instaron al Ejecutivo a actuar en consecuencia.
