El Ministerio de Educación prevé una modificación sustancial de la reforma educativa, que incluirá una de las principales reivindicaciones de Andalucía: conectar la FP básica -un ciclo que separa a los repetidores de 3o de ESO del resto- con la Secundaria, dando así una segunda oportunidad a los alumnos con más dificultades para sacar el graduado escolar (algo que tenían vetado con el esquema actual).
La consejera de Educación, Mar Moreno, acudió ayer a una reunión bilateral con la secretaria de Estado para la Educación, Montserrat Gomendio, para discutir los puntos de desencuentro respecto a la reforma. La cita se produce seis días antes de la Conferencia Sectorial, que volverá reunir al ministro José Ignacio Wert con las comunidades para abordar el borrador definitivo de la Ley para la Mejora de Calidad Educativa (LOMCE).
Fuentes de la consejería confirmaron a este periódico que en el encuentro, que se prolongó dos horas, Gomendio anunció que el Ministerio ha aceptado modificar tres aspectos esenciales del anteproyecto de ley: el Gobierno devolverá autonomía a las comunidades y a los colegios para diseñar el contenido y el horario de las asignaturas no instrumentales (todas excepto Matemáticas, Ciencias, Lengua e Idiomas, que siguen dependiendo del ministerio); el diseño actual de la FP básica se cambiará para evitar que sea "una vía muerta" (expresión acuñada por la Junta, porque cierra la puerta a obtener el título de ESO), y se conectará con la Secundaria; por último, se flexibilizará la estructura del sistema escolar: se mantienen los itinerarios separados (la vía Bachillerato-Universidad y la vía FP-Aprendizaje técnico), pero se recuperan las pasarelas que permiten a un estudiante saltar de una enseñanza preuniversitaria a otra más técnica, y viceversa.
La estructura de pasarelas fue una propuesta del anterior ministro, Ángel Gabilondo, que no llegó a cristalizar del todo. Muchas comunidades del PP defendían ese esquema.
Gabilondo ideó un mapa "abierto y permeable" de la educación en la que todos los caminos académicos funcionaban como vasos comunicantes, estarían interconectados a través de un estudiado programa de convalidaciones entre la FP, el Bachillerato y la Universidad. El ministerio ni confirmó ni desmintió ayer los posibles cambios en la ley.
Moreno se mostró "satisfecha con la rectificación" del ministro, pero advirtió de que "hay que esperar a verlo por escrito". "Si la Junta logra que se abra camino el sentir de la comunidad escolar andaluza, bienvenido sea". En lo que no dará marcha atrás el Gobierno es en el sistema de evaluación externa, las reválidas que condicionarán la trayectoria de cada alumno y la publicación de ranking de calidad de los colegios.
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Evaluaciones. El tema de las evaluaciones acaparó más de una hora de la reunión entre la consejera y la número dos del Ministerio. “Quien tiene la llave de la evaluación, tiene la llave de la enseñanza”, dijo ayer Moreno. Andalucía, que ha desarrollado un sistema de evaluación educativa propio desde hace años, rechaza las reválidas porque considera que condicionan la enseñanza y además son una forma de tutelar la política educativa autonómica. “Si las evaluaciones tienen contenidos académicos, las escuelas se convertirán en academias que preparan para aprobar esas pruebas, como se hace con las oposiciones”, sostiene. Desde hace cinco años, la Consejería de Educación le toma el pulso a las escuelas con las llamadas pruebas de diagnóstico, un examen externo que se hace en Primaria y Secundaria, y que sirve para medir el rendimiento de cada colegio, de cada alumno, y a veces de cada profesor. Desde hace dos años, también se llevan a cabo las pruebas Escala, para niños de 7 años que acaban de empezar la Primaria.
Los resultados de todas esas pruebas han permitido a la Agencia de Evaluación Educativa contar con una memoria del rendimiento escolar andaluz, un historial de cada colegio. La consejería tiene suficientes datos de la evolución de los centros, de sus progresos y errores por asignaturas. Se cruzan datos y se comparan los resultados de una escuela con otra que tenga un contexto socioeconómico parecido. Así es como Andalucía ha introducido el “rendimiento de cuentas”: todos los centros educativos de la comunidad tienen que presentar cada año una memoria de autoevaluación, que debe incluir propuestas de mejora en aquellos aspectos metodológicos donde más flaquean.
La reforma educativa de Wert prevé una evaluación nacional del sistema educativa, que aspira a homogeneizar los criterios de calidad. La Junta no discute este esquema, siempre que se asemeje al formato PISA: “que el Estado evalúe, sí; que el Estado examine, no. Examinar lo hacen los profesores con criterios propios y con un conocimiento más aproximado de sus alumnos”, dice Moreno. El Gobierno defiende las reválidas y los ranking porque estimulan la competitividad entre escuelas y porque ofrece más información a los padres a la hora de elegir el colegio donde estudiarán sus hijos.