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La Junta apela a la Constitución para pedir más poder sobre el Guadalquivir

Reclamará al Congreso una Ley Orgánica para que el Estado le delegue competencias más amplias sobre la gestión del río. El PSOE quiere consensuar la iniciativa pero el PP ve una batalla "ridícula".

el 29 ago 2011 / 11:26 h.

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El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán (d), celebra con los miembros de su Consejo de Gobierno la primera reunión que da inicio al nuevo curso político tras el periodo vacacional.
El Gobierno andaluz expresó gran satisfacción el viernes cuando el Consejo de Ministros aprobó la reforma de la Ley estatal de Aguas para permitir a las comunidades asumir las competencias sobre la policía de aguas. Defendió que es una parte "muy importante" de la gestión de las cuencas. Pero si alguien entendió que con eso Andalucía se daba por satisfecha, tras el varapalo que supuso la sentencia del Constitucional que anuló la transferencia de las competencias exclusivas de la comunidad sobre el Guadalquivir, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, dejó ayer claro que la comunidad "no renuncia a la gestión integral del Guadalquivir". Y a algo más de un mes de que expire la encomienda de gestión que el Estado hizo a la Junta de forma transitoria mientras buscaban una solución definitiva para que Andalucía mantenga el máximo poder de decisión sobre el río, respetando la sentencia, Griñán anunció ayer su fórmula mágica: una delegación de competencias como prevé el artículo 150.2 de la Constitución.

 

"El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante Ley Orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación". Éste es el artículo que, según Griñán, permite a Andalucía ampliar las potestades sobre la gestión del Guadalquivir respetando el fallo del Constitucional. Y a él apelará en una iniciativa legislativa que el Parlamento andaluz elevará al Congreso de los Diputados para que apruebe la correspondiente Ley Orgánica, que exige mayoría absoluta.

El PSOE registrará hoy esta iniciativa en la Cámara andaluza, donde Griñán quiere debatirla con la oposición para lograr el máximo consenso y que la petición llegué así a las Cortes avalada por la unanimidad de la Cámara autonómica, como ocurrió con el Estatuto de Autonomía. Sin embargo, el líder del PP-A, Javier Arenas, no parece estar por la labor. "No vamos a ser comparsa de diálogos ficticios que sólo piensan en intereses partidistas del PSOE", dijo a Europa Press tras conocer la propuesta. Arenas tildó de "ridícula" la "batalla" por las competencias del Guadalquivir cuando "la gestión en un desastre". "El problema de las competencias no es reclamarlas sino gestionarlas bien cuando se tienen", subrayó.

Más dispuesto se mostró el coordinador regional de IU, Diego Valderas, quien abogó por construir, desde el diálogo y el consenso, "otro camino para hacer factible" una "mayor delegación" de competencias sobre el Guadalquivir, que fue una "construcción estatutaria" de las tres fuerzas políticas hoy representadas en el Parlamento, por lo que, "desde la unanimidad que el Estatuto marcó en este aspecto, se tiene que perseguir el objetivo de máximo nivel de competencias". "Estamos dispuestos a un diálogo para los máximos objetivos, en línea con lo que ya perseguía el Estatuto", añadió.

Griñán no quiso que su reivindicación suene a confrontación con el Gobierno de Zapatero. Defendió que el modelo ofrecido por el Estado en el marco de la Comisión Bilateral -que se reunirá en septiembre pero para cuya preparación Griñán viajó el martes a Madrid a encontrarse con el vicepresidente Manuel Chaves- es "bueno" y da "seguridad jurídica" pero "una cosa no quita la otra". Su propuesta "trata de sumar, no confrontar" y "supone un paso más para reconocer que el Guadalquivir es un río andaluz".

500 millones pendientes. Con todo, la gestión del Guadalquivir es una de las cuentas pendientes de la Junta con el Gobierno central, pero no la única que el martes abordó Griñán con Chaves y a la que también se refirió ayer el presidente andaluz. En Madrid, Griñán anunció que en la Bilateral de septiembre, ambos gobiernos revisarán el grado de ejecución de la inversión estatal en Andalucía.

El Estatuto autonómico prevé que, hasta 2014, el Estado destine un 17,8% del total de sus inversiones a la comunidad, en función de su peso poblacional. Según Griñán, el Gobierno ha cumplido escrupulosamente al consignar este nivel de inversiones en Andalucía en los Presupuestos Generales del Estado año tras año. Pero toca ver si en las inversiones realmente ejecutadas se sigue cumpliendo el porcentaje. Solo está cerrada la liquidación definitiva de las cuentas de 2008 y 2009 y aunque la semana pasada Griñán rehusó dar cifras del déficit inversor, ayer se atrevió a estimar que en 2008 faltan unos 500 millones en inversiones por ejecutar. De 2009 dijo no estar "seguro" aún de los cálculos. Tampoco cifró el montante patrimonial que supondrá la transferencia de los edificios de la Seguridad Social de titularidad estatal acordada.


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