El Gobierno andaluz está ultimando su recurso de inconstitucionalidad contra las tasas judiciales, aprobadas por el Ministerio de Justicia de Alberto Ruiz-Gallardón en noviembre. Andalucía, como el País Vasco o los colegios de abogados , recurrirá al Tribunal Constitucional, tal y como ha hecho contra las reformas en la sanidad, la educación o la libertad de horarios comerciales. Será el tercer gran recurso contra una reforma de calado emprendida por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
La Consejería de Justicia ha elevado ya un informe preliminar al gabinete jurídico de la Junta, que debe ultimar la letra del recurso. Si se elige la vía de urgencia, se aprobará el recurso en Consejo de Gobierno y después será calificado por el Consejo Consultivo. Se planteará este mismo mes de enero.
En el borrador, al que ha tenido acceso este periódico, el Gobierno andaluz subraya que "el desembolso de tasas judiciales por excesivas, no se ajustan a la doctrina constitucional por vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24.1 de la Constitucional española".
La Junta arma su recurso sobre el daño que estas tasas suponen para las clases medias , que no pueden beneficiarse de las exenciones dispuestas para quienes, con rentas más bajas, puedan acogerse a la justicia gratuita. Según ese borrador, la imposición de las tasas judiciales supone "la consagración de una justicia para ciudadanos con escasos recursos, amparados por el beneficio de justicia gratuita, y otra para ciudadanos pudientes, dejando fuera a un amplio segmento de la población, la conocida como clase media, que respecto a determinados procedimientos va a ver muy limitado su derecho a obtener la tutela judicial efectiva por no compensarle los excesivos desembolsos previos a los que ahora vienen obligados para iniciar un juicio de resultado en ocasiones inciertos".
La Junta reconoce que, como señala el Preámbulo de la ley Gallardón, el Constitucional ha avalado en supuestos concretos sometidos a su consideración la imposición de tasas judiciales. Sin embargo, señala el texto previo al recurso de inconstitucionalidad de Andalucía, que "dadas las elevadas cuantías fijadas para el acceso a la tutela judicial en determinados procedimientos, consideramos que respecto a un amplio segmento de población con rentas medidas, y por tanto sin posibilidad de acogerse a los beneficios de la justicia gratuita, debe declararse que no se ajusta a la doctrina constitucional por implicar [...] la exigencia de unos requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción".
Recurrir por ejemplo una multa de tráfico será casi imposible. Ante una sanción de 100 euros, se requiere el desembolso de una tasa de 200 euros. Esas tasas "desproporcionadas" se convierten en "obstáculos" para que el ciudadano pueda defenderse en los tribunales. El consejero de Justicia de Andalucía, Emilio de Llera, explica que "éste es el magro" del recurso de inconstitucionalidad, puesto que hay "demandas en las que se imponen tasas absolutamente desproporcionadas". "El valor de la tasa es tan desproporcionado que no merece la pena recurrir", incide el consejero. Una separación o divorcio formalmente, al ser un proceso de familia, está exento de tasas pero, por ejemplo la división del patrimonio común sí está sujeto a un porcentaje sobre el valor total del patrimonio. "Es mentira que separarse o divorciarse salga gratis", incide De Llera, advirtiendo del peligro que supone esto para mujeres que sean víctimas de violencia de género, que "no encuentran el camino expedito para destruir el último vínculo de tipo económico con su maltratador". De Llera, fiscal en excedencia, recalca que a un trabajador recurrir su despido en primera instancia le cuesta 500 euros.
El recurso andaluz pone también el acento en los notables incrementos previsto en las tasas para juicios verbales (de 90 a 150 euros), juicio ordinario (de 150 a 300 euros), por apelaciones (de 300 a 800 euros) y recursos de casación (de 600 a 1.200 euros). Lo que supone, señala el borrador del Gobierno andaluz, "un desproporcionado efecto disuasorio del acceso a la justicia".
En cuanto a una posible invasión de las competencias autonómicas, la ley Gallardón destina el dinero de las tasas a la justicia gratuita, siendo ésta una competencia exclusiva de las comunidades que tienen la Justicia transferida, como es el caso de Andalucía. Es la Junta la que paga al 100% este servicio. La norma estatal deja abierto cómo se repartirá ese dinero entre las comunidades y asegura que los criterios se fijarán en los Presupuestos del Estado. Esto crea una "inseguridad jurídica brutal", avisa De Llera. El recurso se presentará en las próximas semana.
