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La Junta aplaza el plan de recortes para renegociar la bajada salarial con los funcionarios

El vicepresidente Valderas anuncia que los tres miembros de IU en el Consejo de Gobierno han forzado una prorroga de 15 días para intentar calmar las protestas de los sindicatos.

el 25 may 2012 / 10:53 h.

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El Gobierno andaluz va a aplazar unas dos semanas la aprobación del plan de reequilibrio financiero, que incluye un recorte de 3.500 millones de euros al Presupuesto autonómico de 2012. El descontento creciente de los sindicatos de funcionarios, que acusan el recorte salarial del 5% en sus nóminas (más entre un 30 y un 40% menos en las pagas extra), ha obligado a la Junta a tomar precauciones para evitar que el conflicto degenere hasta el mismo grado de tensión irreversible que vivió con la reordenación del sector público. El Ejecutivo andaluz cree contar con tiempo aún hasta que los Presupuestos Generales del Estado se aprueben definitivamente (ayer salieron del Congreso para su tramitación en el Senado).

Un capítulo aparte es cómo ha trascendido esta noticia a lo largo de la mañana. El vicepresidente de la Junta, consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales y coordinador general de IU, Diego Valderas, se ha ido a la sede regional de la coalición de izquierdas para anunciar que su formación es la que ha forzado un aplazamiento de "unos diez o 15 días" del plan de recortes. Valderas ha explicado que, a propuesta de los tres consejeros de IU en el Consejo de Gobierno, la Junta ha aceptado la prórroga de dos semanas para renegociar con los sindicatos de la Función Pública el recorte en los salarios de funcionarios y personal laboral. Fuentes de IU aseguran que "las altas instancias del Gobierno andaluz sabían que Valderas iba a hacer este anuncio esta mañana y en la sede de IU, en su doble condición de vicepresidente y coordinador regional".

El anuncio se produce 24 horas después del naufragio en la negociación entre la Consejería de Hacienda y los sindicatos. El desencuentro entre ambas partes es ahora mismo insalvable. El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha dejado claro que el recorte de 777 millones de euros en la partida de nóminas es inamovible y que la cifra no se rebajará ni un ápice. En el lado opuesto, CSIF, CCOO y UGT amagan con movilizaciones, recursos judiciales y una huelga general en la administración para finales de junio si la Junta no da marcha atrás y plantea alternativas al recorte salarial.

IU estaba sufriendo dentro de sus filas esta tensión (réplica exacta del conflicto que ocasionó la reordenación del sector público). El apoyo que la coalición, como parte del Ejecutivo, ha ofrecido a los recortes la ha colocado en el disparadero de los sindicatos, hasta hace poco aliados de la formación de izquierdas, y partícipes de su programa electoral. Las críticas dentro de IU, de los sectores más disconformes con el pacto de Gobierno con los socialistas, ya han empezado a aflorar. El PCA de Sevilla ha sido la primera facción de IU en cuestionar a Valderas por apoyo al plan de reequilibrio, y ha hecho extensibles sus críticas a todo pacto de Gobierno.

Para intentar cortocircuitar esta tensión, Valderas ha optado por arrogarse la autoría del aplazamiento como coordinador regional de IU. El también consejero de Administración Local ha comparecido junto al diputado nacional y secretario general del PCE, José Luis Centella, y ha explicado que hasta que no se aprueben de forma definitiva los Presupuestos Generales del Estado "hay tiempo suficiente" para "buscar alternativas" al recorte salarial de los empleados públicos y "elementos de consenso" con los sindicatos, informa Europa Press.

Valderas ha señalado que en el decreto del plan de ajuste se debe dar un "mayor margen de ejemplaridad" para los altos cargos de la Junta, cuyo "sacrificio debe estar por encima de cualquier funcionario o empleado público", añadiendo que en ningún caso se debe tocar a los "mileuristas" de la administración. El Gobierno andaluz se había comprometido a tramitar el plan de ajuste en el Parlamento como decreto ley, para permitir la participación en el debate de todos los partidos políticos y de los agentes sociales.

En dicha tramitación, el grupo parlamentario de IU pensaba incluir algunas enmiendas, entre ellas, que entre el 20 y el 25% de la plantilla de empleados públicos, que cobra mil euros o menos, quedara exento de la reducción salarial del 5% que sufrirán los funcionarios. IU cree que, manteniendo la cifra de 777 millones de euros de recorte en las plantillas, se puede tocar más a quien más tiene (miembros del Consejo de Gobierno, altos cargos, personal de confianza...).

El sindicato CSIF , el de mayor peso en la mesa de la Función Pública, ha celebrado el aplazamiento del plan de ajuste. La organización propone alternativas al recorte salarial, como cargar más presión sobre los sueldos del Gobierno (una reducción del 30%), eliminar el 50% de empleados en las agencias públicas, etc...


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