Local

La Junta aplica la ley al exigir un modelo educativo mixto

Todos los colegios concertados de la comunidad autónoma andaluza (unos 900) están llamados este mes de enero a renovar la solicitud de concierto educativo por el que reciben una subvención de la Junta de Andalucía.

el 15 sep 2009 / 20:51 h.

Todos los colegios concertados de la comunidad autónoma andaluza (unos 900) están llamados este mes de enero a renovar la solicitud de concierto educativo por el que reciben una subvención de la Junta de Andalucía. Son las cantidades que permiten a estos centros ofrecer una educación a un coste muy inferior al de los colegios privados. La Consejería de Educación abre esta convocatoria general cada cuatro años y éste ha sido el último de vigencia de los conciertos actuales, por lo que dichos centros de enseñanza tienen 20 días para hacer efectiva la renovación. Entre los 900 centros concertados andaluces aún hay once que imparten una educación segregada por sexos: cuatro en Córdoba, uno en Almería, otro en Granada y cinco en la provincia de Sevilla. Los colegios sevillanos son Altair, que sólo admite la escolarización de niños y otros cuatro que sólo aceptan niñas: Albaydar, Ribamar, el Ángela Guerrero y el colegio Nuestra Señora de Lourdes en Carmona.

Todos ellos han venido disfrutando de subvenciones durante años, pero la orden de la Junta publicada hace tres días en el BOJA incluye el nuevo requisito que emana de la actual legislación educativa (LOE) y que les obligará a cambiar la educación diferenciada por la mixta al incluir la discriminación por razón de sexo. El Gobierno andaluz ya intentó en 1999 una media similar, pero el colegio Altair recurrió a los tribunales y el TSJA dio la razón al centro amparando la educación diferenciada.

Hoy, al amparo de la nueva ley educativa, la Junta cuenta con un mayor asidero legal para obligar a la educación mixta además de una sentencia del Tribunal Supremo favorable a sus intereses, proveniente de un recurso del Gobierno de Castilla La Mancha. Los centros educativos privados andaluces están en su perfecto derecho de ofrecer una educación segregada. Son libres de creer que la enseñanza diferenciada beneficia a los alumnos porque cada sexo tiene un desarrollo evolutivo y académico distinto y debe ser educado a un ritmo diferente. Pero lo que no se puede admitir es que ese tipo de educación se sostenga con dinero proveniente de las arcas públicas.

Los padres son libres de decidir la educación privada que quieren para sus hijos, pero la LOE es la primera ley educativa (2006) que recoge específicamente la discriminación por razón de sexo entre los supuestos de exclusión en la escuela. La Junta se limita en este caso a aplicar la norma al anunicar que retirará los fondos a los colegios concertados que realicen esta discriminación.

En el fondo de este asunto subyace el pulso jurídico-político mantenido por el Gobierno andaluz y la sala segunda del TSJA tanto en el modelo de la escuela mixta como en la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Generalizar la educación mixta desde lo público es ajustado a la ley y no supone "una invasión ilícita de la ley en la ética", como alegó el TSJA, porque lo que está haciendo la Junta es sencillamente aplicar la ley para universalizar un modelo educativo público que no discrimine a ningún alumno. Es ahí y no en otro sitio, donde debe invertirse el dinero de todos los andaluces.

  • 1