En la tarde del martes la sonda nasogástrica que alimentaba a Ramona Estévez fue retirada a petición de los familiares, abocando su vida a sus últimos días. Así lo había solicitado ella antes de sufrir un infarto cerebral irreversible que la dejó en coma, y respetando su voluntad el Hospital Blanca Paloma de Huelva , donde se encontraba la mujer de 90 años, le quitó -por primera vez en España- la asistencia médica a la paciente. Sin embargo, los profesionales sanitarios del centro, que se negaron a priori a atajar la petición que hizo el hijo de la enferma de retirar la sonda, necesitaron una aclaración por parte de la Junta de Andalucía de la reciente ley de muerte digna.
"No ha habido que obligar al centro a realizar tal acción; ha bastado con aclarar la normativa a los sanitarios, ya que el rechazo al tratamiento está perfectamente contemplado en la ley", dijo ayer la consejera de Salud, María Jesús Montero, quién aseguró que la norma que regula la muerte digna se está aplicando "con total normalidad en todos los centros, aunque si alguna persona entiende que no se respetan sus derechos o tiene cualquier dificultad, tiene a su disposición todos los mecanismos para poder reclamarlos y entre ellos dirigirse a la propia administración sanitaria".
Así, Montero aseguró que no hubo una orden para el hospital, propiedad del grupo Pascual y concertado con el Servicio Andaluz de Salud, sino que se produjo "un contacto" tras recibir la reclamación por escrito que el hijo de la enferma, José Ramón Páez, envió conjuntamente a la dirección del hospital y a la Junta. De este modo, tras tener conocimiento del caso, "se actuó inmediatamente y se aclaró cualquier cuestión susceptible de dudas con el hospital, que colaboró perfectamente, como corresponde a los centros sanitarios, al arbitrar las garantías que establece la ley".
Asimismo, la consejera quiso dejar claro que los centros hospitalarios, sean públicos o privados, están obligados a conocer dicha norma y recordó algunas demandas que se han producido al teléfono de Salud Responde por parte de profesionales sobre algunas actuaciones frente a la ley de muerte digna. Es por ello que Montero recomendó que los hospitales aprueben protocolos para agilizar los procedimientos y no demorar las peticiones de los pacientes o sus familias.
Primer caso. Ramona Estévez , que aún sigue con vida, sufrió el 26 de julio un derrame cerebral y fue ingresada en el hospital Juan Ramón Jiménez, donde le aseguraron, según su hijo, que no la sondarían ya que había entrado en un proceso irreversible. Sin embargo, este hospital derivó la enferma al Blanca Paloma, donde los médicos le plantearon la necesidad de alimentarla, argumentando que el hecho de no hacerlo "estaba castigado por el Código Penal", instándole, si no quería sonda, a llevársela a su casa.
En este caso, según José Ramón Paéz, al carecer de toda la información, cedió y permitió que le pusieran la sonda. Su madre le hizo "prometer antes de sufrir el infarto que no dejaría que le pusieran sondas". Por ello, no se dio por vencido, y pese a la negativa del cuerpo médico, buscó ayuda en la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) y en un principio lo que consiguió fue que le ofrecieran un traslado a otro centro, pero Paéz ya estaba harto de la cambiaran de sitio "como si fuera una caja", según sus palabras.
El siguiente paso fue escribir con el apoyo de la DMD la reclamación conjunta al director del Blanca Paloma y a la Junta, que se envió a las 9.00 horas de la mañana del martes y tuvo sus frutos a las 16.00 horas, momento en el que finalmente se le retiró la sonda a Ramona. "Yo lo que he hecho ha sido cumplir su voluntad porque ella ha vivido muy feliz y desde que se partió la cadera hace unos meses no quería pisar un hospital", dijo su hijo.
Por su parte, la coordinadora de la DMD en Andalucía, Isabel Torres, dejó claro que "la ley existe desde 2010 y lo pone bien claro, si su hijo conoce la voluntad de su madre puede decir que le quiten las medidas de soporte vital".
La ley andaluza de muerte digna en su artículo 8 regula el derecho al rechazo y a la retirada de la asistencia. Establece así que "toda persona tiene derecho a rechazar la intervención propuesta por los profesionales sanitarios, tras un proceso de información y decisión, aunque ello pueda poner en peligro su vida. Dicho rechazo deberá constar por escrito. Si no pudiere firmar, firmará otra persona que actuará como testigo a su ruego".
Una buena percepción de los usuarios del SAS
Los andaluces valoran positivamente la atención sanitaria que obtienen en los centros de salud y hospitales de la comunidad, pero critican los tiempos de espera. Así, nueve de cada diez encuestados a través de un sondeo realizado por el Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía están satisfechos con su centro y lo recomendaría a un familiar. Además, más de la mitad de los andaluces opina que la sanidad pública andaluza ha mejorado en los últimos tres años, casi un 60% cree que la asistencia “mejorará en el futuro” y un tercio de los usuarios preguntados no cambiaría nada de su centro.
Los datos arrojados por este estudio, que ha llevado a cabo más de 21.000 entrevistas entre usuarios de 973 centros sanitarios, muestran que, a nivel global, los andaluces valoran con sobresaliente los elementos más importantes de estos servicios, por lo que el 95% recomendaría su médico y el 86, 9% confía en la asistencia recibida. Asimismo, se observa que cuanto mayor es la edad del encuestado mejor percepción tiene del servicio, es decir, que cuanto mayor es el uso mejor es la valoración.
En lo que respecta a los centros de atención primaria –los que tienen una mejor estima– el 95,1% está satisfecho con el tiempo de consulta, que según consideran los encuestados es de 8,8 minutos, y valoran en un 97% la amabilidad, el respeto y la claridad en la información por parte de los profesionales. La facilidad para obtener cita con el médico de cabecera por teléfono ha pasado del 29% hace unos años al 95,6% en el momento de esta encuesta.
También en cotas por encima del 90% se sitúan los índices generales de satisfacción de los hospitales, siendo los más valorados los médicos. Notable alto para las madres, que muestran en un 87,1% su satisfacción a la atención al parto. Ante lo que se muestran más descontentos los usuarios del SAS es en el tiempo de espera, tanto en los centros de atención primaria como en los hospitales, siendo para los primeros de 15 minutos con cita previa. La novedad del sondeo de este año es que recoge los datos de los hospitales de alta resolución, sobre los cuales, se valora más a los profesionales y la limpieza.
