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La Junta apoya el plan de choque de Rajoy contra la deuda autonómica

Aguayo admite la sintonía pero advierte de que deben adaptar las medidas de control del déficit a la situación de cada región

el 17 ene 2012 / 22:32 h.

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El Gobierno de Mariano Rajoy propuso ayer a las comunidades una medida para controlar el déficit de las regiones y garantizar el equilibrio presupuestario y otra para inyectarles liquidez inmediata para que pueden saldar la deuda con sus acreedores y proveedores. A priori, todas las regiones, incluso Andalucía, compartían esos objetivos que, por otro lado, son los mismos que se propugnan desde Bruselas. Había que ver el cómo, y para eso se reunió ayer el primer Consejo de Política Fiscal y Financiera del Gobierno de Rajoy. La primera medida consistirá en abrir una línea de financiación del ICO (Instituto de Crédito Oficial) para ayudar a las comunidades a hacer frente a su deuda pública, condicionando los fondos, eso sí, a que éstas cedan temporalmente la tutela de sus presupuestos al Gobierno. La medida para inyectar liquidez tendrá dos vertientes: el aplazamiento a diez años de la deuda que las regiones contraen con el Estado de los ejercicios 2008 y 2009, lo cual les permitirá abonar sólo el 50% de lo que tenían previsto. Y el adelanto de los anticipos a cuenta, que las regiones no esperaban hasta el verano. Los fondos adicionales que se adelantan alcanzan un total de 8.000 millones de euros. La Junta tendrá ahora que cifrar cuánto dinero supondrán esas medidas para Andalucía, y si elevan, mantienen o recortan las expectativas de crecimiento con las que se diseñó el presupuesto andaluz para 2012. Cabe recordar que el Gobierno andaluz advirtió la semana pasada de que las medidas de recorte del primer Consejo de Ministros de Rajoy significaban un tijeretazo de 1.200 millones de euros al presupuesto autonómico y que "hundirían a Andalucía".

Pero la crispación inicial pareció diluirse ayer. La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, salió de la reunión "muy satisfecha" y reconoció que no había habido "puntos de fricción" entre la Junta y el Gobierno. Aguayo respaldó todas las medidas propuestas por el ministro Cristóbal Montoro que irán en la futura ley de estabilidad presupuestaria, pero advirtió de que todavía "hay que ver la letra pequeña".
La consejera también adelantó que se creará un grupo de trabajo para buscar ese "máximo consenso" en el texto de la ley, que volverá a pasar otra vez por el Consejo y que, según dijo, es "muy importante y compleja" porque establecerá los criterios de fijación del déficit y su reparto. Montoro explicó que la intervención de las cuentas de una comunidad por parte del Estado atenderá a los mismos criterios que ha utilizado la UE para intervenir a Grecia o Irlanda. Es decir, se establecerá un tope en el volumen de la deuda pública y un límite en la desviación del déficit de las comunidades a partir del cual el Gobierno entenderá que una región es incapaz de cumplir con el equilibrio presupuestario.

Aguayo no cree que deba ser el mismo límite para todas. "Un tratamiento igual para situaciones iguales y desigual a situaciones desiguales. Tiene mucha literatura y es preciso verlo con precisión en el marco de la UE", aclaró. La consejera valoró "positivamente" las medidas de liquidez, pero añadió que van ligadas a un plan de actuación que aún desconoce. Aguayo pide información sobre los ingresos de las regiones, cómo los primeros ajustes presupuestarios van a afectarles y en qué medida porque "sin saber cómo se configuran los ingresos es difícil hacer un plan con suficiente rigor", dijo.
Entre las propuestas que Andalucía llevó al Consejo y fueron aceptadas estaba la modificación de los tiempos para las autorizaciones de endeudamiento -que se compute el endeudamiento alcanzado cada año, en vez del endeudamiento autorizado, como ahora-. Por último, sobre la reforma del sector público, la consejera defendió que Andalucía ya ha hecho esta reforma "de manera muy intensa", y pidió que se revisen los criterios en los que se sustenta el inventario que anunció el ministro sobre los entes públicos que hay que anular o modificar ya que, a su juicio, se produce una "imputación incorrecta" de entes a las comunidades autónomas que, en realidad, pertenecen a otros subsectores. Para estudiarlo, Montoro aceptó crear un grupo de trabajo.

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