I. Morillo / Agencias
El Gobierno andaluz se esforzó en explicar su polémica propuesta de convertir en VPO una parte del 'stock' de hasta 90.000 viviendas edificadas que se les han quedado colgadas a los empresarios en Andalucía. Chaves garantizó que esta iniciativa es un guiño a los pequeños y medianos constructores y que "no compensará la pérdida de beneficios".
La medida que lanzó el pasado miércoles el presidente de la Junta y que ratificó su flamante consejero de Vivienda, Juan Espadas, había hecho tambalearse el Pacto por la Vivienda firmado el pasado diciembre por sindicatos, empresarios, ayuntamientos y entidades financieras.
CCOO y UGT mostraron fuertes reticencias, a las que ayer también se sumó la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). Entienden que no es justo que se salga en auxilio de un sector que ha hecho una jugosa caja en los últimos años y que ahora, en época de vacas flacas, tiene que ajustarse. El Gobierno, que ayer se reunió con sindicatos y FAMP, empuñó a toda prisa los extintores para evitar que se estropee su gran apuesta: el Pacto de la Vivienda. Todo fueron explicaciones.
Los empresarios calculan que en Andalucía existen unas 90.000 viviendas edificadas que no se venden en la actual coyuntura de desaceleración económica y tras el pinchazo del boom inmobiliario. La oferta de la Junta, que ha acordado con la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) analizar cuál es la situación en cada provincia y catalogar ese stock de vivienda, es que un cupo de estos pisos, que admiten que será muy minoritario, salga a la venta como VPO. Deben cumplir todos los requisitos y condiciones necesarias, dejaron muy claro desde el Gobierno andaluz y su precio en ningún caso podrá superar los 174.000 euros. El tope fijado actualmente para la vivienda protegida. Serían pisos medianos que están en el mercado a unos 200.000 ó 220.000 euros, explicó el consejero de Vivienda, y que a sus promotores podría interesarles bajarles el precio para poder venderlos como VPO. Muchos empresarios han edificado a crédito y prefieren al menos recuperar lo invertido, alegó la Junta.
Chaves aprovechó el comité director del PSOE-A para volver a referirse a la posibilidad de que esas viviendas de renta libre "se puedan reconvertir o readaptar en vivienda a precio tasado o VPO, si lógicamente tienen todas las condiciones y requisitos". "Como siempre que anunciamos una medida novedosa surgen interpretaciones absurdas", lamentó el presidente andaluz, quien dejó claro: "No queremos compensar las pérdidas de beneficios que tienen los empresarios de la construcción".
La intención del Gobierno, agregó su presidente, es ampliar la oferta de vivienda "a precio asequible" y "ayudar a las pequeñas y medianas empresas" para que puedan reducir el impacto del frenazo económico. "Cumpliremos en sus justos términos lo acordado en el Pacto por la Vivienda", zanjó.
El consejero Espadas trató a toda costa de desligar la figura de la vivienda tasada y la oferta para reconvertir vivienda libre en VPO. Durante la negociación del Pacto por la Vivienda, los empresarios impusieron duras condiciones en la recta final para adherirse. Su principal exigencia entonces fue que se creara la vivienda tasada -a medio camino entre la libre y la VPO y con un precio de unos 240.000 euros- para dar una salida a las viviendas construidas que temían que no iban a poder vender en época de vacas flacas. El Gobierno andaluz primero se opuso pero después accedió a estudiarlo junto a la patronal. Garantizó que ésas no computarían dentro de las 300.000 VPO prometidas en el Pacto para la próxima década.
"No es viable". Pese al esfuerzo del Gobierno, ni lo sindicatos ni la FAMP dejaron pasar la oportunidad para advertir de que desconfían de la medida. El secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, afirmó que la conversión de vivienda libre en VPO "no es deseable ni viable porque no genera empleo". Sólo consideró "válida" la propuesta si los empresarios bajan sus precios. El secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, indicó que dará "un margen de confianza" a la Junta, aunque advirtió de que las centrales sindicales serán "persistentes en que se cumpla el Pacto por la Vivienda". El presidente de la FAMP, el socialista Francisco Toscano, auguró que ningún empresario querrá convertir sus viviendas en VPO porque "significa ajustar en el precio y otras obligaciones".
