La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta ha asignado 3,6 millones de euros al sindicato UGT para programas de orientación laboral en el marco del programa Andalucía Orienta correspondiente al año 2013, lo que supone un 23 por ciento menos que en la última edición del programa en el año 2011. Así lo ha anunciado este miércoles en Sevilla el director general de Políticas Activas de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), José Antonio Amate, que ha negado "tajantemente" en rueda de prensa que exista un procedimiento específico de concurrencia competitiva "creado 'ad hoc' para beneficiar a UGT, CCOO u otras entidades" que hayan presentado solicitudes en más de una provincia. Amate ha detallado que la dotación total del programa Andalucía Orienta para 2013 asciende a 40 millones de euros, de los que 16 se destinan a entidades multiprovinciales --que han presentado solicitudes en más de dos provincias-- y los 24 millones restantes para proyectos uniprovinciales. El sindicato UGT-A ha presentado solicitudes en todas las provincias andaluzas. Asimismo, ha indicado que UGT "presentó una renuncia de forma voluntaria cuando salieron las resoluciones provisionales a ciertas cantidades, al no poder asumir la totalidad de lo solicitado, por lo que renunció al 47 por ciento de lo solicitado". José Antonio Amate ha explicado que ya se han obtenido los resultados definitivos de las resoluciones provinciales de dicho programa, de forma que UGT ha recibido esos 3,6 millones --sumando cantidades uniprovinciales y multiprovinciales--, lo que supone un nueve por ciento de los 40 millones de euros del total, mientras que las entidades municipales recibirán 11,14 millones, un 27 por ciento del total. Amate, quien recuerda que el programa Andalucía Orienta, creado en 2002, "es uno de los pilares de las políticas activas de empleo", ha indicado que su objetivo es "ofrecer medidas de actuación, orientación e información sociolaboral dentro del itinerario personalizado de inserción para promover la búsqueda activa y personalizada de empleo; dar información básica al desempleado sobre el mundo laboral, proporcionar habilidades básicas, asesorando al autoempleo, habilitando estrategias para alcanzar mayores aptitudes, o facilitado a los beneficiarios instrumentos para la búsqueda de empleo". Asimismo, tras recordar que Andalucía "es una de las pioneras en materia de orientación, ha explicado que la orden de 2013 del programa Andalucía Orienta se publicó el 20 de marzo de 2013 y esta orden regula los medios Orienta, además de acciones experimentales y acciones sobre experiencia profesional para el empleo, que suman 56,5 millones de euros. Por otro lado, Amate, ha resaltado el "enorme esfuerzo de la Junta por mantener políticas activas de empleo", a raíz del "hachazo" que se ha efectuado desde a estas políticas de empleo, con una bajada del 57 por ciento en 2012 y en 2013 se consolida ese hachazo "porque el presupuesto global creció un 1,82 por ciento pero a Andalucía solo nos mandaron un 0,02 por ciento más, esto es, 62.000 euros más". Amate ha explicado que en el caso de la orden de 'Andalucía Orienta' de 2013 se introduce el principio de concurrencia competitiva con criterios objetivos de baremación para la concesión de la subvención, en cumplimiento de las recomendaciones de la Cámara de Cuentas. Este ha dejado claro que dicha orden "no se ha diseñado pensando en nadie, sino para que sea lo más garantista posible, con luz y taquígrafos". Asimismo, resalta que "cualquier entidad que quiera participar conoce de antemano las reglas del juego, que valen para cualquier entidad". Entre esos criterios se encuentran el porcentaje de cumplimiento del anterior programa de 2011, la experiencia en la gestión de políticas activas de empleo que no sea orientación, así como la expansión territorial de la entidad o el porcentaje de financiación sobre el coste total, eso es, si se aportan fondos propios. Amate ha indicado que la resolución provisional de las ayudas salió el 14 de noviembre y se abrió un plazo de diez días hábiles para que cada entidad pueda presentar las alegaciones "y puedan reformular o incluso renunciar a parte de lo que se había concedido". De esta forma, el plazo de diez días hábiles finalizó el 26 de noviembre, y en aquellas entidades que solo había solicitado técnicos de orientación en una única provincia, los jefes de servicio hicieron propuesta de resolución, mientras que las entidades habían solicitado técnicos de orientación en dos o más provincias se presentó resolución provisional por el responsable del servicio de orientación de la Dirección General. Estas propuestas se entregaron a las intervenciones, tanto provinciales como la intervención delegada del SAE. Amate ha indicado que este miércoles se anuncian las resoluciones definitivas de las entidades uniprovinciales "todas fiscalizadas y firmadas", mientras que la multiprovincial, que se publicará en una sola resolución, la Intervención Delegada del SAE está fiscalizando los documentos y espera que la Intervención les dé el visto bueno y pasen por Consejo de Gobierno para así poder dictar resolución definitiva que afecta a las 33 entidades multiprovinciales, muchas de ellas asociaciones de discapacitados y entidades del tercer sector. "Ha existido una distribución equitativa de técnicos de formación para cada provincia, en función de la demanda, y se ha establecido un procedimiento sumamente garantista para evitar que exista la sospecha de que se beneficia a una entidad; todas sabían las reglas del juego", ha aseverado Amate. Ha dejado claro que "no se ha hecho un procedimiento 'ad hoc' para beneficiar a nadie, sino un procedimiento administrativo garantista para todos", toda vez que, en caso contrario "sería un delito de prevaricación, que no se ha cometido". Amate ha explicado que UGT "ha participado igual que cualquier otra y solicitó lo que estimó oportuno solicitar", tras lo que indica que "de lo que pidió a lo que aparecía en la resolución provisional había disminución, porque se aplicaron los criterios establecidos", de forma que "esa entidad, a la espera de informes de los interventores, ha obtenido 3,6 millones de euros, un 23 por ciento menos que en 2011 y un 36 por ciento meno que lo que llego en 2009". "No hay que hacer política ni demagogia con el desempleo", asevera Amate. CAMBIOS EN LA ORDEN Amate, quien recuerda que la actual orden finaliza el 30 de septiembre de 2014, sí ha reconocido que en la orden de 2014 se estudia efectuar cambios en el criterio de reparto "y si el resultado de la valoración nos hace ver que en ese criterio estábamos equivocados, cambiaremos y tendremos que ajustar los criterios de baremación". "En nuestra orden del Orienta tendremos que afinar, se puede mejorar para no caer en errores que caímos en su día", ha aseverado Amate, quien recuerda que algunas entidades han sido excluidas por no estar al corriente en el pago de sus obligaciones tributaria y de la Seguridad Social "e incluso habían dicho en su declaración responsable que sí estaban pero después comprobamos que no". De esta forma, en la próxima orden "vamos a intentar analizar con nuestros delegados territoriales las zonas de sombra en cada provincia y asumir con recursos propios del SAE para prestar servicio de orientación". "El objetivo es llegar a mas territorios todavía y para ello veremos posibles defectos y errores que se hayan cometido, pues somos muy autocríticos", ha aseverado Amate, quien prevé sacar la orden próxima en el primer trimestre de 2014.
