El consejero de Gobernación, Luis Pizarro, se mostró ayer por vez primera "bastante escéptico" al acuerdo con la oposición, precisamente el día en que los grupos recibieron de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) 39 enmiendas consensuadas por unanimidad a la Ley de Autonomía Local, que IU se comprometió a asumir. De hecho, la formación de izquierdas ve más probable el consenso en ésta que en la de la participación en los tributos.
Las propuestas de la FAMP se centran en reclamar menos intervencionismo de la Junta -sobre todo en urbanismo para que los alcaldes tengan la última palabra sobre los planeamientos- y garantizar que leyes sectoriales posteriores no limiten las competencias "mínimas" reconocidas. Además, los alcaldes reclaman que el texto incluya la creación de un Consejo andaluz de Gobiernos locales al que se informe de toda norma que pueda afectar a competencias municipales y que emita un informe previo cuando la Junta pretenda retirar temporalmente competencias a un ayuntamiento por negligencia.
Sin embargo, y ahí está la clave de la dificultad del consenso, el presidente de la FAMP, Francisco Toscano, reconoció que los munícipes no han logrado consensuar unas propuestas sobre la Ley de participación en los tributos de la comunidad. En lo único en lo que todos están de acuerdo es en reclamar que el fondo de nivelación (el dinero incondicionado) previsto entre en vigor este año -la norma marca que a los ayuntamientos lleguen 200 millones en 2011 hasta alcanzar 600 millones en 2014- y que los ayuntamientos participen en todos los tributos de la comunidad, tanto los cedidos como los transferidos. PP e IU siguen defendiendo que participen en todos los recursos autonómicos y Toscano explicó que si el PSOE considera "importante" la cantidad de 600 millones, IU reclama "mil" y "del PP no hemos oido en ningún momento cifras concretas".
Con las arcas municipales temblando por la crisis, la cuestión financiera es la que más está empañando la negociación de las leyes locales y de hecho, en las enmiendas a la Ley de Autonomía Local, la FAMP reclama que al margen del fondo de nivelación puedan existir subvenciones de la Junta a programas concretos cuyos destinatarios respondan a "criterios objetivos y estará supeditada a su aceptación".
Al margen de estas normas, Toscano pidió ante la situación actual un "pacto político para priorizar" el destino de los fondos públicos y puso como ejemplo que el fondo del nuevo plan Proteja no se destine a obras municipales sino a permitir que los consistorios paguen las deudas contraidas con los proveedores, al tiempo que reclamó que se les permita endeudarse.
