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La Junta asume que “un pacto PP-PSOE contra la corrupción ya no tiene credibilidad”

El Gobierno andaluz adelanta al primer trimestre de 2015 la entrada en funcionamiento del Consejo de Transparencia, que velará por el acceso del ciudadano a la información pública.

el 04 nov 2014 / 14:57 h.

BarriosEl Gobierno andaluz ha rechazado llegar a cualquier tipo de acuerdo con la oposición para combatir los casos de corrupción porque, a su juicio, “un pacto PP-PSOE contra la corrupción ya ha perdido credibilidad”. Lo ha expresado con estas palabras el consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, cerrando definitivamente la puerta a la propuesta de los populares andaluces para sellar un acuerdo bilateral contra la corrupción que afecta a ambas fuerzas políticas. “No es lo más pedagógico un pacto que se limite a PSOE y PP. ¿Cómo cree usted que sería interpretado?”, ha preguntado Jiménez Barrios a modo de respuesta. El número tres del Ejecutivo autonómico ha recordado que hace un año fue la presidenta Susana Díaz quien ofreció ese pacto a Mariano Rajoy, “pero ha llovido mucho desde entonces. En solo un año ya no tiene sentido. La gente está hasta las narices de este tipo de afirmaciones”, añadió. ¿Qué ha ocurrido en 12 meses que convierta en un sinsentido lo que entonces le propuso la presidenta de la Junta al presidente del Gobierno? En septiembre de 2013, Susana Díaz pronunció en el Parlamento andaluz su discurso de investidura como presidenta de la Junta. En su primera intervención, Díaz hizo llegar a Rajoy un pacto “por la regeneración política” y contra la corrupción, una propuesta que llevaría personalmente a la Moncloa días después en su primera reunión oficial con el presidente del Gobierno. Entonces, el PSOE andaluz estaba (y está) asediado por el caso ERE (el fraude en los expedientes de regulación de empleo pagados por la Junta) y el PP por la trama Gürtel y el caso Bárcenas, que apuntaban a una posible financiación ilegal del partido conservador. Un año después, la corrupción ha invadido aún más espacio público y portadas de periódicos. Ha aflorado el escándalo de las facturas falsas en Andalucía, el caso del fraude en los cursos de formación a parados pagados con fondos públicos, que amenaza con convertirse en una macrocausa judicial de la misma envergadura que los ERE (en ésta ya suman 229 imputados). Al PP, además, le ha estallado en la cara la Operación Púnica, con más de medio centenar de detenidos, entre los que se encuentran alcaldes populares y el exnúmero dos de Esperanza Aguirre en Madrid, Francisco Granados (ya encarcelados). Además, todos los partidos tradicionales, con más o menos intensidad, se han visto salpicados por la trama de las llamadas tarjetas opacas de Caja Madrid, cuentas que miembros del consejo de administración de todas las fuerzas políticas usaban para gastos personales (joyas, viajes, comidas…) con cargo al erario público. Es cierto que ahora han confluido más casos de corrupción que hace un año, pero la clave de que la Junta haya desistido de su estrategia de sellar pactos con la oposición para cercar esta lacra no está sólo en los juzgados. Está en las encuestas. Los últimos sondeos señalan a Podemos como primera fuerza política en España en intención directa de voto, por delante del PSOE, y del PP, que se desplomaría hasta el tercer puesto. El partido de Pablo Iglesias es el gran catalizador del descontento ciudadano y de la indignación de los que en su día votaron tanto a los socialistas como a los populares. El discurso crítico de Iglesias contra la “casta”, los dos grandes partidos que han gobernado el país en 36 años de democracia, no sólo ha calado en la sociedad, también ha empujado a estos partidos a precipitar medidas de transparencia y lucha contra la corrupción. En ese sentido, una foto de unidad PP-PSOE compartiendo un propósito común contra los corruptos sería poco creíble. El Consejo de Gobierno aprobó agilizar la entrada en funcionamiento del Consejo de la Transparencia y la Protección de Datos para el primer trimestre de 2015, un órgano que velará por el cumplimiento de la ley del mismo nombre que entrará en vigor en junio. Este órgano estará pilotado por un profesional de reconocido prestigio elegido por mayoría absoluta (no cualificada de dos tercios) en el Parlamento. El director deberá tener 15 años de experiencia en la administración pública. Los estatutos que regulan este órgano, que también contará con un comité asesor de 14 miembros, estarán un mes en exposición pública para que los ciudadanos puedan aportar sus propuestas.

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