Cuando PSOE e IU superen sus discrepancias, la Junta pretende regularizar entre 20.000 y 25.000 viviendas irregulares construidas en suelo no urbanizable. La propuesta está zarandeando la relación entre los socios de Gobierno, sin embargo, el destino de esas casas será el derribo por parte del propio dueño del inmueble, según reconoció ayer la consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano. «Al final estas viviendas tenderán a desaparecer», dijo, causando cierto estupor entre la prensa, puesto que la medida ha desencadenado una breve crisis de Gobierno, después de que IU votara en contra en el Parlamento y calificara el anuncio de la presidenta Susana Díaz de «precipitado y electoralista».
La explicación de la titular de Medio Ambiente es ésta: las 25.000 casas irregulares fruto de reparcelaciones incontroladas en mitad del campo, diseminadas y alejadas de los núcleos urbanos se encuentran en un «limbo legal» que impide a sus propietarios inscribirlas en el registro para acceder a los servicios básicos de luz y agua. La mayoría está en el levante almeriense y en la Axarquía malagueña, aunque también hay asentamientos conocidos en Córdoba capital, Chiclana y Cádiz. La Junta, que ya intentó atajar el problema con un decreto hace dos años, propone ahora una reforma parcial de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para «regularizar» esas casas, pero no para «legalizarlas». La diferencia entre términos tan parecidos no es menor: la reforma les permitirá obtener la cédula de primera ocupación y, con ella, enchufar el agua y la luz. Pero ya está. Lo que lograrán con la medida no pasará de ahí. Estarán regularizadas, pero no legalizadas, de modo que, según Serrano, nunca podrán ni reformar ni ampliar, y tampoco tendrán derecho a ayudas públicas para hacer obras, más allá de las cuestiones de salubridad. Por eso la conclusión de la consejera es que «tenderán a desaparecer».
En Andalucía se estima que hay unas 300.000 viviendas ilegales, pero esta reforma sólo aborda un problema concreto: el de las reparcelaciones en suelo común. Casos como el de una familia con un solar grande en el campo, que divide el terreno en partes y deja que sus hijos edifiquen en el anexo. «Construir en el campo sin licencia es un delito», remarcó Serrano. Los dueños que opten al indulto tendrán que demostrar que sus casas tienen más de seis años de antigüedad, y quedarán excluidas las que se levantaron en zonas protegidas o inundables, e inmersas en un proceso judicial o administrativo.
Las consejerías de Vivienda (IU) y Medio Ambiente (PSOE) han creado una comisión para estudiar los supuestos de la reforma y en qué casos podrán regularizarse las casas. Serrano garantizó que habrá acuerdo y que la medida será aprobada, puesto que las diferencias con IU son «sólo formales, no de fondo». Pero la federación que dirige Antonio Maíllo sigue escéptica, dicen no tener ningún documento que les diga dónde están las 25.000 casas y cuáles son sus condiciones. El número dos del PSOE-A, Juan Cornejo, reprochó a sus socios que rechazaran una regularización pensada para tener acceso a luz y agua, y sin embargo, apoyaran el realojo de las familias de la Corrala Utopía, que habían «pegado la patada en la puerta para ocupar una vivienda vacía». Cornejo defendió que el indulto era exclusivamente para aquellas viviendas que no tenían servicios básicos, aunque ayer la consejera admitió que muchas de las 25.000 señaladas sí la tienen. «Se la concedieron los ayuntamientos o las compañías suministradoras, porque antes no eran tan taxativos para enganchar la luz y el agua», advirtió.
La casuística es tan variada que incluso el número aportado de casas es una «estimación». En teoría, si los alcaldes tuvieran localizadas todas las que hay en sus municipios, tendrían que llevar a sus dueños una orden de derribo. Justo ayer, la Fiscalía de Almería anunció la demolición de 98 viviendas propiedad de británicos residentes en Albox (Almería) en el marco de la causa penal contra los dos promotores del residencial, que se levantó presuntamente sobre suelo no urbanizable y sin la preceptiva licencia municipal de obras.
