El ritmo de la vivienda protegida no ha parado en verano. La Junta autorizó en julio el doble de proyectos que en el mismo mes del año anterior y en agosto la cifra se multiplicó por siete. En plena crisis del ladrillo, los promotores se agarran a la VPO, pero el dinero de los bancos sigue sin llegar.
Los proyectos de vivienda protegida se han convertido en la mejor y casi única salida para los empresarios de la construcción. El cierre del crédito bancario, que sigue siendo el mayor escollo para un sector en fuerte recesión, complica aún más la posibilidad de embarcarse en proyectos de renta libre. El interés de los promotores en los pisos protegidos es palpable: de las 216 promociones que la Junta ha autorizado en lo que va de año, el 75% (162) fueron presentadas por empresas privadas. El resto de viviendas fueron impulsadas por los ayuntamientos, diputaciones o la propia Consejería de Vivienda a través de la Empresa Pública de Suelo (EPSA).
Durante el verano, el ritmo de impulso de la VPO no sólo no ha parado, sino que se ha triplicado respecto al mismo periodo de 2008. En julio, la consejería concedió 1.321 calificaciones provisionales -el visto bueno de la administración para empezar a construir-, más del doble que en julio del año anterior. En agosto, un mes de baja actividad en la construcción, el acelerón se notó aún más. Se autorizaron 672 pisos protegidos, siete veces más que el año pasado. En todas las provincias andaluzas han subido las calificaciones excepto en Jaén, según datos del departamento que dirige Juan Espadas.
La Junta saca pecho porque cada vez se inician más pisos de protección oficial en la comunidad. En lo que va de año se han autorizado un 60% más de viviendas (11.839 casas) que en el mismo periodo del año anterior, es decir, 4.459 inmuebles más. Pero la calificación provisional es sólo el primer paso para arrancar el proyecto. A partir de ahí, el promotor tiene 30 meses para terminar la obra y en ese tiempo es cuando se topa con el no de los bancos a la hora de pedir un préstamo hipotecario.
Los empresarios denuncian que el dinero de las entidades aún no fluye, pese a los 9.550 millones de euros que los bancos se comprometieron en noviembre del año pasado a aportar para el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012. Unas 4.700 VPO que obtuvieron la calificación provisional el año pasado (el 33% del total) siguen a la espera de saber si tendrán o no créditos para empezar a edificar. De ahí que la consejería, a través de EPSA, vaya a comprar los pisos de promociones sin financiación pero con demanda para desbloquearlas. Ya ha firmado un convenio con los bancos para desatascar 447 VPO y en otoño continuará esta medida.
