La crisis sigue castigando al negocio inmobiliario y muchos promotores han tenido que solicitar la conversión de viviendas proyectadas como de renta libre a VPO, para intentar darle salida en el mercado. La Junta de Andalucía confirmó ayer que gracias al plan de Vivienda 2008-2012, un parque residencial de 374 viviendas pasará a ser de VPO en régimen de alquiler con opción a compra, aunque no precisó la ubicación del mismo.
Según informó ayer la consejería de Fomento y Vivienda, desde la entrada en vigor del Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, se ha logrado la transformación en VPO de 4.554 inmuebles proyectados por los promotores inicialmente como libres con el fin de facilitar su comercialización a un precio más asequible. En la conversión los promotores se han decantado por la vía del arrendamiento para dar salida a sus viviendas, con un total de 2.503, cifra que representa el 55% del parque residencial transformado, frente a los 2.051 inmuebles, lo que equivale al 45% del global, que se han calificado en régimen de venta.
Asimismo, la Junta de Andalucía aseguró que en una coyuntura de crisis económica como la actual, con elevada incidencia del desempleo en Andalucía, la fórmula del alquiler ofrece el aliciente de no requerir endeudamiento al adjudicatario de la Vivienda de Protección Oficial. Por ello, el programa del alquiler con opción a compra, que permite al beneficiario acceder a la propiedad transcurridos diez años y repercutir parte de las rentas que abona en el precio final de venta, ha sido, en gran medida, responsable de los buenos resultados obtenidos por este tipo de tenencia, ya que aglutina 2.250 de los 2.503 inmuebles transformados en VPO de alquiler, lo que supone el 90 por ciento. El restante 10% -253- se adscribe al régimen básico de alquiler.
En este sentido, esta modificación ha incrementado la oferta de viviendas protegidas dirigida a los andaluces con menos recursos, ya que estas están destinadas a unidades familiares con ingresos netos anuales inferiores a 3,5 veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), lo que equivale a unos 26.000 euros netos. Se trata, por tanto, de un sector de población con dificultades para acceder a estos inmuebles si se hubieran mantenido con la calificación de renta libre.