La consejería que dirige Juan Espadas puso en marcha desde julio hasta octubre una convocatoria pública para que los promotores o entidades financiaras que quisieran deshacerse de su stock inmobiliario apuntaran en un registro sus pisos para darles salida. El objetivo del Gobierno andaluz era, además de satisfacer la demanda de vivienda de las clases medias -las casas no podrán superar los 200.000 euros-, liberar a los bancos de su lastre inmobiliario para que vuelvan a dar créditos. Al actuar la Junta como avalista, el banco tendrá menos reparos a la hora de conceder un préstamo.
Se inscribieron 68.000 pisos, la mayoría en Málaga, Almería y Sevilla -apuntó Griñán-. La Empresa Pública del Suelo (Epsa) está ultimando el mapa de su localización (deberán ubicarse en municipios con gran demanda), tamaño (no podrán exceder los 120 metros), y características (quedarán fuera las viviendas de lujo). La Consejería de Economía anunció hace meses que estaba negociando con los bancos y cajas "productos hipotecarios a la medida del comprador" que financiarán el 100% del piso sin necesidad de dar una entrada. Las cuotas serán más bajas los primeros años. En esos años entraría la Junta como avalista. El presidente tiene claro que para que el dinero fluya de nuevo hay que ayudar a los bancos, pero son muchas las voces que han censurado que la Junta los auxilie si siguen con el grifo cerrado. La patronal de los promotores (Fadeco ) insistió ayer en que los bancos están "obstaculizando" el desarrollo del Plan de Vivienda .
Además de dar salida al stock, Epsa también está comprando algunas de las VPO colgadas por la falta de crédito y las alquilará con opción a compra. También se darán ayudas al alquiler a familias deshauciadas solventes.
