El consejero de Vivienda de la Junta, Juan Espadas, lanzó el martes un aviso a aquellos bancos que están poniendo especiales problemas en la concesión de créditos para la adquisición de viviendas protegidas: si no se comprometen con la financiación de las VPO pueden encontrarse con que la Administración elija a otras entidades para trabajar con ellas. Para entender lo que dijo Espadas hay que poner esta advertencia en su contexto. La Junta se ha comprometido en su Plan de la Vivienda 2008/2012 a la construcción de 132.000 VPO gracias a una inversión de 12.000 millones en cinco de años (9.000 de ellos del sector privado). La propuesta constituye una de las piedras angulares de la legislatura y persigue un doble objetivo: la remisión del grave problema de vivienda que afecta a tantos andaluces y la contribución desde el sector público a la dinamización de un sector cuya caída está arrastrando al paro a miles de trabajadores. Pues bien, condición inexcusable para que este plan funcione es que los bancos financien la concesión de hipotecas a quienes consiguen las VPO, pues si no es así, el proyecto se derrumba desde sus inicios. ¿Y qué está ocurriendo ahora? pues más o menos lo que se barruntaba: los bancos han extremado la vigilancia en las concesiones de crédito y muchos ciudadanos que han conseguido una VPO se encuentran con que el director de su sucursal les niega el dinero para financiar la hipoteca. Ante esto, el consejero ha querido recordarle a los bancos su compromiso con el plan y les ha hecho ver que también tienen que perder si hacen tabla rasa con él. Por supuesto, en una sociedad de libre mercado nadie puede obligarles a conceder una hipoteca a quien no quieren concedérsela, pero por las mismas reglas de este juego del libre mercado también deben entender que la Junta tiene el derecho a trabajar con quien le convenga o satisfeche mejor sus intereses. Eso, y no otra cosa, es lo que les ha querido decir el consejero.
