Julio Muñoz / Efe
Los representantes sindicales de los astilleros de Navantia en la Bahía de Cádiz habían pedido reunirse con la presidenta de la Junta hace casi dos meses pero hasta ayer no se materializó ese encuentro con Susana Díaz, unos días después de que el Gobierno central, a través de la SEPI, anunciara sin más detalle y horas antes del arranque de la campaña electoral la construcción de un Buque de Acción Marítima (BAM) para la Armada Española y de un gasero para Gas Natural que aún no está firmado.
Por eso, por el recelo que genera una carga de trabajo que se anuncia y no se termina de concretar, el presidente del comité intercentros de los astilleros gaditanos San Fernando, Puerto Real y Cádiz, José Antonio Oliva, pidió a la Junta de Andalucía que «no ponga ni un euro sobre la mesa» hasta que los barcos sean una realidad en firme. Oliva hacía referencia al compromiso, posteriormente confirmado por el consejero de Economía e Innovación, José Sánchez Maldonado, de que la Administración regional, a través de IDEA, colaborará de forma activa en el plan de competitividad de los astilleros de Navantia. Se trata de un plan cuantificado en 14 millones, de los que «hasta un máximo» de 3,17 millones podrían ser «incentivables».
Eso sí, remarcó el consejero, es un dinero «condicionado» a que se cumplan los acuerdos y llegue la carga de trabajo comprometida. Se trata de un respaldo financiero que será aprobado en el próximo Consejo Rector de la Agencia IDEA, que se celebrará el día 27. «Ayudar a Navantia es ayudar a Cádiz y a uno de los pocos instrumentos con potencialidad para crear empleo en la Bahía», apostilló el consejero.
Al término de la reunión, la presidenta andaluza telefoneó al presidente de la SEPI, Ramón Aguirre, para informarle del encuentro mantenido y de los detalles del incentivo regional, señalaron fuentes de la Administración autonómica.
Ante la incredulidad mostrada por los sindicatos ante los nuevos contratos «vivimos estos anuncios cada seis meses», dijo Oliva, José Sánchez Maldonado quiso romper una lanza en favor de la SEPI al asegurar que en junio del año pasado «se prometieron tres gaseros para Navantia y que, al menos uno de ellos, tendría como destino la Bahía de Cádiz», algo que también fue ratificado por el ministro Montoro, aseveró el consejero.
Navantia cuenta en Cádiz con 2.000 trabajadores, cifra que podría incrementarse hasta los 5.000 al incluir otras actividades como la de reparaciones, y multiplicar por tres, hasta unos 15.000, si se contabiliza el empleo inducido con los barcos comprometidos. Un trabajo que garantizaría actividad para tres años. La plantilla, no obstante, anunció que va a seguir con las movilizaciones y el día 15 celebrará una manifestación en San Fernando.
En el transcurso del encuentro, el presidente del comité intercentros reclamó a Susana Díaz y al consejero que se vuelva a incluir formación específica del sector naval tanto en la Formación Profesional como en grados universitarios, fundamentalmente en la provincia de Cádiz. Y es que, a su juicio, es difícil encontrar personal formado y cualificado en esta industria, sobre todo, si se quiere apostar a futuro por este sector. A este respecto, Sánchez Maldonado explicó en declaraciones a los periodistas al final de la reunión que se ha detectado que ése es uno de los problemas: la falta de personal y de ingenieros especializados, por lo que señaló que en el proceso de reforma de la FP la Junta «estará en contacto» y tendrá en cuenta las necesidades que plantea la industria naval de Cádiz.
Sobre el grupo de trabajo creado hace un año para auspiciar actividades complementarias a la construcción de buques, el comité reseñó que se sigue avanzando en la creación de un cluster industrial.
