La "austeridad" anunciada para los presupuestos de la Junta guiará su oferta de empleo público de 2008. Tras el anuncio del Gobierno de reducirla un 70%, la Junta admite que "ajustará" el número de nuevas plazas en la administración general. Baraja una reducción del 50%, unas 2.200 menos.
En Andalucía hay unos 250.000 empleados de la Administración autonómica, aunque la gran mayoría pertenece al sistema sanitario y a la enseñanza. La administración general de la Junta cuenta con unos 52.000 trabajadores, un 55% funcionarios y un 45% personal laboral.
La última convocatoria de empleo público para la administración general de la Junta -cuyos exámenes se celebraron este año tras no haber oposiciones desde 2005- ofertó 5.510 plazas. La nueva consejera de Justicia y Administración Pública, Evangelina Naranjo, se comprometió al tomar posesión de su cargo en abril a sacar una oferta cada año, concretamente a convocarla en el primer semestre del año y a resolverla en un plazo máximo de seis meses. La de 2008 se convocará "a finales de año o en los primeros días de enero", según el director general de Función Pública de la Consejería, Manuel de la Plata, quien reconoció que será "más restrictiva" y "ajustada a la situación económica del momento".
A la espera de la negociación con los sindicatos -que según De la Plata ya ha comenzado a pesar de que los responsables sindicales consideran que todavía no han empezado los contactos oficiales-y del ajuste de la relación de puestos de trabajo de cada consejería (una más que en la pasada legislatura), el director general de Función Pública baraja una reducción "en torno a un 50%" de plazas ofertadas para la Admnistración General de la Junta en 2008 con respecto a la última convocatoria, lo que supondría 2.200 plazas menos.
No obstante se remitió a la línea que marque la Junta en sus presupuestos para el próximo año y afirmó que será una oferta de empleo público "razonable, para salvaguardar los objetivos que se tienen que salvaguardar y que responderá a las necesidades de los ciudadanos". Si en el ámbito nacional, el presidente del Gobierno aclaró que el recorte no afectaría a la justicia, la seguridad y la Inspección de Trabajo, la Junta prevé dejar fuera de cualquier reducción la educación. Desde 2006, la Junta mantiene un acuerdo de estabilidad con los sindicatos de enseñanza por el que hasta 2010 se ofertan plazas extraordinarias de profesores de Primaria y Secundaria con el fin de reducir la interinidad en el sector, que ronda el 30% frente al 4% existente en la Administración General de la Junta. Una directiva europea exige reducir la temporalidad en el sector público al 8% en 2010.
Los sindicatos, con quien el Estatuto Básico del Empleado Público obliga a negociar cualquier oferta pública de empleo, no ven con buenos ojos la reducción de la oferta pública de empleo y no consideran que esta medida contribuya a paliar los efectos de la desaceleración económica sino a reducir los servicios públicos. Una reacción que De la Plata considera lógica porque "los sindicatos tienen que velar por la defensa del acceso al empleo público, pero la Administración tiene que dar una respuesta más global a la situación".
