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La Junta baraja recurrir la Ley de Costas si reabre el litoral al ladrillo

Medio Ambiente ve en el texto un conflict de competencias en ordenación ubana

el 21 abr 2013 / 06:20 h.

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La Junta está convencida de que el nuevo texto de la Ley de Costas que maneja el Gobierno, y que será aprobada mañana en el Senado, contiene un “conflicto judicial de competencias”, porque introduce cambios sustanciales en la definición de suelo urbano, una potestad que corresponde en exclusiva a las comunidades. Además, asegura el consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, esas modificaciones que se han introducido a última hora en la ley “buscan reabrir el litoral al ladrillo”, algo a lo que el Ejecutivo andaluz se opondrá de forma rotunda, “en última instancia presentando un conflicto positivo de competencias” ante el Tribunal Constitucional. Según la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), se considera suelo urbano aquel que posee dos tercios del terreno “aptos” para la edificación. La reforma de la Ley de Costas redefine el concepto, de manera que sólo se necesitaría un tercio del suelo consolidado. La diferencia entre la primera definición y la segunda abre la puerta a una mayor edificabilidad y, según Planas, “pervierte los sistemas de protección medioambiental del litoral andaluz”. De ahí que la Consejería de Medio Ambiente se esté planteando recurrir la ley ante el Constitucional si el texto de la norma se aprueba definitivamente con la redacción actual. “Es un conflicto claro de invasión de competencias autonómicas, que además va en dirección opuesta a la política ambiental que venimos defendiendo desde la Junta, porque introduce mayor desprotección de los suelos de zona de servidumbre”, insiste el consejero. En la regulación legislativa del litoral participan dos administraciones, el Gobierno central y el autonómico, cada uno con una competencia distinta. El primero sobre el dominio público y el uso marítimo terrestre; y el segundo sobre la ordenación urbana. La reforma de la Ley de Costas prevé la desprotección de una franja de 80 metros de litoral, permitiendo edificar en muchas zonas de uso residencial donde hasta ahora no era posible. Una enmienda del PP, que se añadió al articulado de la ley en el último tramo del debate, introdujo este cambio significativo: reducir de 100 a 20 metros la zona de servidumbre de protección, donde, en la actualidad, las viviendas que existen no pueden ejecutar obras de ampliación. Planas cree que este punto de la ley “tiene grandes dificultades de aplicación y generará falsas expectativas”. Para poder edificar en esos 80 metros desprotegidos de litoral, la ley obliga a las administraciones a retrotraerse 25 años, hasta 1988, año en el que se aprobó la primera Ley de Costas, para comprobar qué nivel de consolidación tenían aquellos terrenos entonces, es decir, si estaban calificados como suelos urbanos, si disponían de servicios e infraestructuras básicas, etc... Y aquí entraría la nueva definición de suelo urbano que introduce la ley: para regularizar o ampliar las viviendas situadas en esa franja de litoral, es necesario que una tercera parte de ese suelo (en lugar de dos tercios, como dice la LOUA) estuviera edificado o apto para edificar hace 25 años. De esos datos [que ahora no manejan ni la Junta ni ninguno de los 62 ayuntamientos costeros de Andalucía] depende el saber cuántas viviendas podrían beneficiarse de la desprotección del litoral. “Mis técnicos me dicen que es difícil saber cuántos podrán edificar. Necesitaremos un proceso de arqueología urbanística para encontrar la foto exacta del litoral andaluz en 1988, y mirar las posibilidades de la ordenación del territorio de entonces, superficie por superficie”, dice Planas. El consejero dice que “esta modificación de la ley es regresiva, porque ningún país de la UE está legislando en materia de medioambiente con estándares menos exigentes de los que existían hace 30 años”. La decisión de edificar en esos 80 metros de costa será de los consistorios, previo control de las comunidades. El Gobierno aplica en la ley una desprotección sobre esas zonas, pero traslada a alcaldes y gobiernos regionales el problema de cómo gestionarlas. En todo caso, el efecto en Andalucía se amortiguará por los planes de ordenación territorial en vigor, que actualmente están aprobados en el 50% del litoral y preservan una zona de 200 metros de costa. “En ese espacio, la ley no afectará a Andalucía en ningún caso”, dice Planas. A partir de ahí, el decreto ley del litoral aprobado en noviembre amplía el espacio protegido hasta los 500 metros. Es evidente que la norma estatal y la andaluza entran en conflicto. El PP andaluz, que gobierna en los principales ayuntamientos costeros, impulsó un frente judicial contra el decreto ley que pretende alejar el cemento de los primeros 500 metros de litoral andaluz. Se anunció un recurso en bloque a través de las diputaciones provinciales presididas por el PP (Almería, Cádiz, Granada y Málaga). El Consejo Consultivo emitió el mes pasado un dictamen en el que concluye que las diputaciones no tienen legitimidad para recurrir dicho decreto (en todo caso tendrían haberlo presentado directamente los ayuntamientos), y además sostiene que el blindaje que la Junta ha impuesto a la costa no invade competencias municipales por dejar en suspenso dos años los planes urbanísticos. En verano el plan del litoral se someterá a información pública y las administraciones, empresarios y sindicatos tendrán dos meses para llevar alegaciones.

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