El Gobierno andaluz ha aprovechado la letra de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2013 para reforzar el control sobre sus 123 empresas públicas (datos de la Consejería de Hacienda). La Junta ha recortado una media del 11% las transferencias que realiza a los entes públicos, pero además introduce mecanismos que permiten controlar directamente los contratos a eventuales que realizan estas empresas, las indemnizaciones que se fijan para sus directivos o sus sueldos. Todo deberá tener el aval y la autorización de la Consejería de Hacienda.
En el articulado del Presupuesto, la consejera Carmen Martínez Aguayo ha tratado de hilar fino para cerrar las rendijas por las que hasta ahora se colaban las empresas públicas para eludir el control y las directrices del Gobierno andaluz. El Presupuesto de 2013, uno de los más restrictivos de la democracia y titulado por el Gobierno como “de resistencia”, establece que durante el año 2013 “no se procederá a la incorporación de nuevo personal en el sector público andaluz”. La única excepción se fija para procesos de selección u ofertas públicas de empleo que se hubieran hecho con carácter anterior al Presupuesto. Hay unos 261.399 trabajadores públicos en Andalucía, 23.000 adscritos a las empresas públicas.
Según fuentes de la consejería de Hacienda, esta restricción ya figuraba en el Presupuesto en vigor. No es aplicable a aquellos sectores afectados por la legislación básica que fija una tasa de reposición del 10% y permite convocar oposiciones para cubrir una de cada diez bajas de funcionarios públicos. Además en el caso de las empresas públicas (agencias, fundaciones y otros entes) se ordena expresamente que se amorticen los puestos de trabajo de las jubilaciones que se produzcan.
En materia salarial, el Gobierno andaluz ya había legislado para que ningún empleado del sector público pudiera exceder el sueldo del presidente de la Junta pero, hasta ahora, carecía de instrumentos efectivos para que se cumpliera esa norma y había topado con la resistencia de muchos directivos, que se negaban a rebajarse el salario. A partir de ahora, la Junta podrá anular unilateralmente esas nóminas que sobrepasen el salario fijado para el presidente y que el Presupuesto mantiene congelado en 63.808 euros brutos anuales, sin derecho a pagas extraordinarias.
Además podrá imponer recortes como los aprobados para todos los trabajadores del sector público en el último plan de reequilibrio , aprobado en el Parlamento andaluz y publicado en BOJA el pasado septiembre. En esa ley, se establecía una rebaja salarial “como mínimo” del 6% para el personal de las empresas públicas que ejerza tareas de alta dirección. Hasta ahora esa rebaja era una recomendación y una vez incluida en la letra del Presupuesto pasa a ser normativa básica de obligado cumplimiento, aclararon ayer fuentes del Gobierno andaluz.
Bajo el título “Régimen económico del personal que ejerce funciones de alta dirección y del resto de las entidades del sector público andaluz”, el artículo 17 del Presupuesto andaluz fija que las condiciones retributivas del personal de las empresas públicas deberá ser autorizadas por el titular de la Consejería de Hacienda. Además se insta a las empresas públicas a aclarar las funciones de sus directivos. “Las citadas entidades que no tengan definido el personal que ejerce funciones de alta dirección en sus estatutos o en las normas que cumplan una función análoga, deberán instar la modificación de las referidas normas en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la presente ley”.
El Presupuesto, que llegó el pasado miércoles al Parlamento y verá la luz a finales de diciembre, regula otro tema espinoso: el de las indemnizaciones. El asunto es de máxima actualidad después de que se haya conocido que la Consejería de Fomento, actualmente dirigida por Izquierda Unida, había anulado pluses que no se ajustaban a la ley. En concreto, la consejería que dirige Elena Cortés despidió a 30 directivos de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía y se negó a pagar las indemnizaciones establecidas para estos directivos, la mayoría exaltos cargos socialistas. Éstos acudieron a las tribunales y la Junta respondió con otra demanda por la que reclama a cuatro de estos exdirectivos 80.000 euros.
El Presupuesto fija que las indemnizaciones para los directivos de empresas públicas serán las que se fijen en la reforma laboral. El Gobierno central ha facilitado el despido con 20 días. La consejera de Hacienda insistió durante la presentación de las cuentas en que la voluntad de su Gobierno es “mantener el máximo empleo público posible” y descartó aplicar la norma del PP, rechazando que Andalucía tenga “un exceso de empleo público”.
