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La Junta busca 'in extremis' apaciguar al sector público

La consejera de Hacienda acude hoy a la Mesa de Función Pública con las propuestas para cambiar el decreto de reordenación pactadas con UGT y CCOO pero CSIF exige negociar desde cero.

el 17 nov 2010 / 20:24 h.

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El decreto ha desatado una oleada de protestas de funcionarios en la calle.
La Junta se reúne hoy con los sindicatos UGT, CCOO y CSIF abierta a modificar el decreto de reordenación del sector público para aclarar aspectos que afectan a los trabajadores que puedan haber generado "miedos" y "dudas" por una "interpretación equivocada" del texto. Pero también deja claro que, de retirar la norma, nada, pese a la guerra en la calle y los juzgados que mantienen los sindicatos de funcionarios contra una norma que suprimirá 111 empresas públicas, absorbidas y reordenadas en una decena de agencias, y reubicará a trabajadores de éstas y de la propia Junta.

 

Aguayo subrayó, en un desayuno de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, que su decisión de negociar en este momento es más por voluntad que por obligación porque "el decreto es organizativo y la potestad de organizar la administración es de la Junta". Los temas de personal, dijo, están "meramente enunciados" porque será al elaborar los Estatutos de cada nueva Agencia pública donde se concreten y entonces sí se someterán a la negociación colectiva.

La propuesta de cambios que llevará a la Mesa de Función Pública tiene como base el acuerdo alcanzado con UGT y CCOO en el marco de la Concertación, un acuerdo que los sindicatos de funcionarios deslegitiman porque ambas organizaciones no son mayoritarias en el sector. UGT y CCOO esgrimen que sí lo son al sumar a los trabajadores de Educación y Sanidad, si bien la reordenación afecta sobre todo a la administración general, donde CSIF es mayoritario entre los funcionarios (seguido de SAFJA y USTEA) y UGT y CCOO entre los laborales (seguidos de CSIF).

La consejera de Hacienda subrayó que para unos y otros el paso a las nuevas agencias será voluntario -lo era para los funcionarios en el texto original y UGT y CCOO lograron que también lo fuera para los laborales- y que cada uno conservará sus condiciones, al igual que los 20.000 trabajadores de las empresas públicas que sean absorbidas por las nuevas agencias y que no accederán a la condición de funcionarios sin oposición.

Para UGT y CCOO, con estas aclaraciones "no hay ni un sólo trabajador que tenga que preocuparse por sus derechos ni presentes ni futuros", según el líder ugetista, Manuel Pastrana. Pero CSIF mantiene que el mero hecho de que todos sean considerados empleados públicos es "ilegal e inconstitucional" porque tal denominación está reservada para quien ha pasado un proceso de "selección basado en criterios de mérito, igualdad y capacidad", resalta Alicia Martos. Además, teme que, con el nuevo reparto de competencias a las agencias, funciones reservadas por ley a funcionarios sean ejercidas por trabajadores procedentes de las empresas públicas lo que, a su juicio, abre la vía a privatizar servicios públicos o a funcionarizar de facto a trabajadores externos.

La Junta lo niega todo pero asume errores de comunicación y cree que los cambios pactados con UGT y CCOO lo aclaran. A ese error de comunicación y al malestar subyacente por el recorte salarial de julio -que tendrá un gran efecto en la paga extra de diciembre- atribuye la fuerte oposición que lleva semanas llenando las calles de manifestaciones de funcionarios y los tribunales de recursos (ayer el Constitucional admitió a trámite el último de SAFJA). Aguayo confía en, una vez allanado el camino con los sindicatos de clase, convencer a CSIF pero este sindicato acude a la reunión de hoy convencido de que no se ha mejorado nada y, sobre todo, molesto por las formas.

La fórmula del decreto-ley fue criticada por todos. La Junta lo justifica por la necesidad de ajustar el déficit -aunque Aguayo reconoció ayer que al no haber reducción de personal no habrá ahorro por está vía- y porque expiraba el plazo establecido en la Ley de Administración Pública para transformar las empresas públicas y entes instrumentales en agencias, si bien la consejera ve la posibilidad de retrasar los cambios como "un tema menor". La previsión es incorporarlos vía enmienda a los presupuestos.

Pero si UGT y CCOO ven en la reunión de hoy la oportunidad de que la Junta rectifique "el patón que medió", en palabras del líder de CCOO, Francisco Carbonero, para CSIF sólo habrá rectificación si la Junta deroga el decreto y empieza a negociar "de cero, no con las cartas marcadas" y en el marco de la Mesa Sectorial de Función Pública, donde junto a estos tres sindicatos están representados SAFJA y USTEA.

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