Los socialistas negociarán hasta el último minuto con la oposición para evitar sacar en solitario las leyes locales, las normas estatutarias de más calado de la legislatura. Su intención es amarrar el apoyo de IU al menos en el texto de autonomía local, donde hay más coincidencias, pero ni eso parece hoy factible porque el partido de Diego Valderas vincula su respaldo a que la Junta dé más dinero a los ayuntamientos. Esta opción, que también reclama el PP y los alcaldes, la descartó ayer de plano el Gobierno andaluz.
La consejera de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Mar Moreno, aseguró que "a día de hoy" no hay planteamiento de engordar el fondo local -que llegará a 600 millones en 2014- y defendió con "contundencia" esa partida, única en España. Frente a las críticas de la oposición, replicó que para el PP "es muy fácil prometer lo que no cumple allí donde gobierna, como en Madrid".
El PSOE, sin embargo, suavizó el mensaje. El portavoz socialista en el Parlamento, Mario Jiménez, se mostró convencido de que la Junta tiene "voluntad" de "mejorar" los recursos que destinará a los ayuntamientos si la situación económica cambia. No hay que olvidar que las leyes, cuya aprobación está prevista para junio, nacerán en plena crisis y con las arcas autonómicas en una situación muy complicada, agravada por la obligación de cumplir con el pacto de estabilidad que impone Madrid. Jiménez dijo estar "seguro" de que la Junta puede ser "flexible" en sus cifras, en un claro intento de sumar a IU al consenso. De hecho, aunque tanto PP como IU exigen más dinero, el portavoz socialista consideró "más razonable" la postura de la formación de Valderas, que se "puede dialogar". De los populares dijo no esperar nada porque Arenas es el "doctor no".
En las enmiendas del PSOE a las leyes locales, que recogen el "90%" de las reivindicaciones de los alcaldes, se incluye que antes del 30 de octubre los ayuntamientos deben haber solicitado su incorporación al fondo local, que será voluntaria, al igual que ocurre con las comunidades y el sistema de financiación autonómica. Los consistorios que rechacen el dinero podrían rectificar un año después su postura. Una vez que los municipios hayan pedido formalmente los recursos, se repartirán en función de la población, dispersión y capacidad recaudatoria los 200 millones de euros incondicionados -sin un fin predeterminado- que están ya consignados en el Presupuesto de este año.
Finalmente, los socialistas han aceptado crear un Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, un órgano que tendrá voz en las leyes autonómicas que afecten a los ayuntamientos pero cuyos informes no serán vinculantes.
flecos en la negociación. Este organismo será heredero del Consejo Andaluz de Concertación Local, en el que se integra el Gobierno andaluz y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), que ayer aprobó por unanimidad instar al Parlamento a que haga suyas las demandas de los alcaldes. Según su presidente, el socialista Francisco Toscano, "aún queda camino por recorrer" y confió en que los grupos lleguen a un acuerdo que satisfaga a los alcaldes. Los regidores, además de recursos, quieren eliminar la burocracia administrativa y tener la última palabra en la aprobación del planeamiento urbanístico.
El consenso político está todavía lejos. Valderas insistió en que no habrá pacto sin más dinero sobre la mesa y en el PP lo dan prácticamente por imposible. Mario Jiménez pidió "responsabilidad institucional" a PP e IU y que actúen como partidos que gobiernan en muchos municipios.
