El Gobierno andaluz aprobará de manera urgente el martes un decreto-ley que permitirá nombrar a un responsable interino al frente de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) tras la dimisión de Pablo Carrasco . La consejera de la Presidencia, Susana Díaz, explicó que se trata de cubrir un vacío legal, puesto que la ley, aunque parezca increíble, no contemplaba la posibilidad de una dimisión o una vacante en la dirección general.
La Junta defiende que es necesario este decreto para habilitar un periodo transitorio que garantice el normal funcionamiento de una cadena pública con una plantilla de 1.600 trabajadores inmersa en una crisis financiera y laboral. Díaz empeñó su palabra en que esa reforma no alterará la mayoría cualificada necesaria para elegir al próximo director general y que obliga a un pacto entre PSOE y PP en el Parlamento, en el que los populares, con 50 diputados, tienen una "mayoría decisiva".
El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas (IU), no fue tan rotundo: "Ni me planteo ni descarto nada, pero habrá que hacer lo que haya que hacer con las fórmulas que la democracia nos da".
Hay precedentes recientes. Hace un año, en abril de 2012, el Consejo de Ministros aprobó un decreto-ley que anulaba la mayoría de dos tercios que hacía falta en el Congreso para elegir al director de la RTVE. Desde entonces, la independencia del ente público ha caído tan en picado como su audiencia. Rajoy no tuvo ningún reparo en destruir la gran marca que había conseguido la cadena pública, con unos informativos aplaudidos por los ciudadanos que sumaron premios nacionales e internacionales. Al PP le bastó su mayoría absoluta para elegir a la nueva cúpula sin buscar el consenso político, que al final no es sino la garantía de un perfil independiente o al menos, plural.
En 2006, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero dio un vuelco al modelo de radiotelevisión pública. En 2008 , Andalucía se sumó, con muchos, hay que recordarlo, arrastrados a regañadientes.En plena explosión de las redes sociales, aún es difícil hacer entender a muchos políticos que los medios de comunicación públicos no están para servir sus intereses ni se pueden convertir en brazos políticos ni de propaganda. La tentación de politizar las televisiones y radios es algo que parecen llevar pegado a su corteza cerebral.
La consejera de la Presidencia negó ayer reiteradamente a preguntas de los periodistas esa tentación de cambiar la ley incluso en caso de bloqueo o de veto en la negociación política. El director de la RTVA debe ser elegido por dos tercios del Parlamento (72 diputados) o tres quintos (65) en segunda vuelta. El actual reparto en la Cámara, con 50 diputados del PP, 47 del PSOE y 12 de IU, obliga a un acuerdo entre socialistas y populares. Si se habilitara la mayoría simple, bastaría que se pusieran de acuerdo los socios del Gobierno andaluz (PSOE e IU).
"No contemplo ese escenario", "la ley es una compromiso con la transparencia en un momento en el que está en el debate", "es una buena ley con lagunas" o "soy una defensora de esta ley porque protege la calidad del servicio público y despolitiza, frente a otros escenarios como el de la televisión estatal que tan malos resultados está produciendo", dijo Díaz.
La operación legal en marcha permitirá entregar todas las competencias al consejo de administración de la RTVA y que éste reparta juego. Carrasco propondrá el viernes, antes de su marcha, un cambio en el organigrama para crear la figura de la subdirección general, que propone que ostente Joaquín Durán, actual director de Canal Sur Radio, que se convertiría en administrador único. En la radio le sustituirá la periodista Inés Alba. La distribución de sillones en el consejo se corresponde con el reparto de escaños en el Parlamento la anterior legislatura, cuando el PSOE tenía mayoría absoluta. Los mandatos son de seis años, hasta 2014. Hay ocho consejeros socialistas, seis del PP y uno de IU.
La fórmula interina podría prolongarse sin límite, admite el Gobierno. Es una opción posible y cómoda para los socialistas, aunque ni los representantes de los trabajadores que negocian los recortes a la plantilla ni los propios partidos lo ven aconsejable. Todos coinciden en que "cuanto antes" llegue un acuerdo político, mejor. PSOE e IU tuvieron ayer tarde un primer contacto informal. El PP no fue convocado e insistió en subrayar su "mayoría decisiva" y descartar "parches" como Durán.
Todos llaman a la "responsabilidad" pero los precedentes no son buenos. La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) vive en guerra desde 2011. Tampoco los partidos han sido capaces de pactar la renovación del Defensor del Pueblo.