Las trabas para conseguir un crédito para comprar un piso protegido pueden obstaculizar el desarrollo del Plan de Vivienda. Por eso la Junta ha lanzado un aviso a las entidades: si no se comprometen con la financiación de la VPO, la Administración no las elegirá para trabajar con ellas.
La advertencia la hizo el consejero de Vivienda, Juan Espadas, sabedor de las dificultades que, en plena crisis económica, muchas entidades están poniendo a la hora de financiar pisos protegidos. Estos obstáculos están complicando la consecución de los objetivos marcados en el Plan de Vivienda 2008-2012, que prevé la construcción de 132.000 VPO con una inversión de 12.000 millones de euros -9.000 de ellos de inversión privada- en los próximos cinco años.
Espadas fue muy claro: si los bancos y cajas no "ratifican" su compromiso con la vivienda protegida, la Junta "tiene derecho a seleccionar con qué entidades financieras va a trabajar". O lo que es lo mismo, aquéllas que se vuelquen con la VPO "tendrán un mayor respaldo en los convenios que se firmen".
El consejero expresó su deseo de que las entidades "entiendan" que los demandantes de pisos protegidos tienen unas circunstancias económicas "muy concretas". Subrayó que comprende que los bancos "pueden seleccionar" a quién dan créditos, pero insistió en que la Administración puede hacer lo mismo con sus recursos públicos.
Plan estatal. Espadas hizo estas declaraciones después de asistir a la conferencia sectorial de Vivienda en Madrid, donde la ministra del ramo, Beatriz Corredor, explicó las claves del Plan Estatal de Vivienda 2009-2012 que prepara el Gobierno. En el encuentro se planteó la oferta pública de adquisición de suelo que tanto el Ministerio como la Junta prevén convocar a finales de octubre. El consejero andaluz explicó que ambos Ejecutivos "van a trabajar conjuntamente para seleccionar los terrenos que sean de más interés, con más demanda".
Una de las novedades que introduce el plan estatal es ampliar el régimen jurídico de la VPO a un plazo no menor a 30 años para homogeneizar el plazo en todas las comunidades. Corredor anunció que el proyecto calificará las viviendas como protegidas de manera permanente, mientras dure la protección del suelo, y en cualquier caso por un periodo no inferior a 30 años.
Espadas señaló que la propuesta del Gobierno central coincide con la de Andalucía al fijar que los ciudadanos no destinen más de un tercio de sus ingresos para la compra de una VPO y un cuarto si se trata del alquiler.
