Hasta la saciedad dejó claro ayer el consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, que el objetivo del plan de inspección comercial de 2014 no es imponer sanciones, sino vigilar y controlar que los comercios no se salgan de la legalidad y, sobre todo, que no incurran en competencia desleal. De paso, proteger a los consumidores y velar por sus trabajadores. Son conscientes, remarcó, de cuál es la situación y cómo se está resintiendo la actividad comercial por el menor consumo y renta disponible, así que habrá más información y asesoramiento. Su aplicación se saldó el año pasado con 286 sanciones impuestas, un 18,3 por ciento menos respecto a las 350 de un año antes, a pesar de que aumentaron las inspecciones, el 15,2 por ciento, hasta las 2.527 actuaciones. La idea este año es alcanzar las 3.000, apuntó el consejero. Y, para ello, pedirá la implicación de los ayuntamientos de las capitales de provincia, una colaboración que intentó poner en marcha el año pasado sin obtener resultados.
Las infracciones más frecuentes se correspondieron con el incumplimiento de horarios en los bazares (28,7 por ciento), rebajas de verano (26,5 por ciento), rebajas de invierno (21 por ciento), productos de saldo y liquidaciones (17 por ciento), y ventas a pérdidas (7 por ciento). Por ello, y a petición del sector comercial, la vigilancia se centrará con especial interés en los horarios de apertura de los establecimientos del tipo bazar y multiprecio, así como en los grandes establecimientos ubicados en polígonos industriales.
El consejero remarcó que «no se trata de perseguir a determinados formatos comerciales frente a otros», pero al tratarse de un plan elaborado con la aportación de empresarios, sindicatos y asociaciones de consumidores, han recogido las preocupaciones de estos colectivos.
Así, desde la patronal se ha pedido que se priorice la inspección de los bazares y establecimientos multiprecio, así como las ferias outlet, aunque incidiendo más en campañas informativas que sancionadoras «acorde con la crisis» actual, y que también impliquen a los ciudadanos ante los perjuicios de la venta ambulante ilegal, explicó ayer Antonio Carrillo, secretario general de la CEA, que tomó la palabra en nombre de los empresarios del comercio y la distribución.
Desde el lado de los consumidores, la portavoz de la asociación Al Andalus, también en nombre de Facua y UCA-UCE, puso el énfasis en la vigilancia de los periodos de rebajas y liquidación, ferias de oportunidades, bazares y en una nueva fórmula comercial que está proliferando, las máquinas de vending (expendedoras).
Por parte de los sindicatos, desde CCOO se instó a buscar el «equilibrio entre los formatos comerciales» y también en materia de horarios, que benefician a unos respecto a otros, sin olvidar el derecho a la conciliación laboral y familiar de los trabajadores de este sector, así como la necesidad de contar con un registro de comerciantes actualizado que sirva de base para conocer el tejido comercial y para elaborar políticas específicas.
Rodríguez aprovechó para recordar el daño que inflige la desregulación del periodo de rebajas al pequeño comercio para el que, «los números más optimistas, apuntan un descenso del 5 por ciento en las ventas» en esta campaña. 2013 no ha sido un buen año, las ventas del sector cayeron un 3,4 por ciento en la comunidad andaluza, señaló, retroceso menor al sufrido por otras comunidades como Madrid (-4,1 por ciento), «a pesar de que ha hecho de la liberalización su bandera», apostilló Rodríguez, que recordó que la Junta ha llevado al Constitucional el decreto ley aprobado hace año y medio que «nos ha dado la razón en que no ha servido para mejorar la competitividad del comercio, sino para redistribuir la actividad entre los distintos formatos».
