La Junta reclamó ayer al Gobierno central 1.372 millones de euros para saldar el déficit en inversiones del Estado en Andalucía durante 2008 y 2009. Según los cálculos del Gobierno andaluz, en el primero de los ejercicios el Estado dejó sin ejecutar infraestructuras presupuestadas por valor de 670 millones -Griñán había estimado que no serían menos de 500-, mientras que en 2009, el valor del déficit en inversión alcanza los 702 millones.
La suma final es el dinero con el que el Estado tendrá que compensar a Andalucía por no haber cumplido, durante 2008 y 2009, con la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía, según la cual el volumen de inversión estatal en la comunidad "será equivalente al peso de la población andaluza sobre el conjunto del Estado" (17,8%). Los presupuestos recogieron ese porcentaje de infraestructuras, pero a final no se habían realizado.
La Comisión Bilateral Junta-Estado, reunida ayer en Madrid, también logró cerrar un acuerdo sobre la fórmula y el calendario de pago. En el plazo de un mes se negociará y se cerrará el procedimiento para la transferencia de capital a Andalucía, de manera que el acuerdo alcanzado ayer quedará solventado con este Gobierno, y no con el que surja tras las elecciones generales del próximo 20 de noviembre. [El líder del PP-A, Javier Arenas, insinuó el jueves que la Junta buscaba una "artimaña" para que no fuera Zapatero quien saldara la deuda, sino el próximo Gobierno].
La metodología pactada para el pago del déficit de 2008 será distinta a la del ejercicio de 2009. En una comisión técnica entre Junta y Estado se acordó que "una vez transcurridos dos años desde que se produjo el déficit en inversiones, la transferencia de capital para compensar dicho déficit iría directamente a manos de la Junta". Eso ocurrirá con los 670 millones de 2008.
En cambio, la deuda de 2009 (los 702 millones), al no haber transcurrido aún los dos años, irá consignada en los Presupuestos Generales de 2012. La diferencia es que, en el primer caso, el dinero lo gastará la Junta, y en el segundo será el Gobierno central el que lo reinvierta en el capítulo de infraestructuras de los presupuestos del año que viene. Así que las cuentas de 2012, además de recoger el peso en inversiones que le corresponde a Andalucía según su población [como marca el Estatuto], tendrán que añadir nuevas inversiones por valor de esos 702 millones.
La consejera de Presidencia, Mar Moreno, fue quien encabezó la negociación por parte del Gobierno andaluz, y al término de la reunión (que duró dos horas) se mostró "muy satisfecha" con el resultado. "Sobre todo por haber logrado incluir en el acuerdo el desvío en inversiones de 2009, y no sólo de 2008", explicó. La negociación de ayer estaba siendo seguida desde muy cerca por el PP-A, que juzgaría el resultado comparándolo con el dinero que consiguió Cataluña exactamente por el mismo concepto: el déficit inversor estatal, que en su comunidad se mide en función del peso de la región en el PIB. La Generalitat sólo pudo negociar la deuda de 2008, que se cifró en 759 millones.
Con todo, la cifra de los 1.372 millones para Andalucía aún podría bailar algunos millones, una vez que la Intervención General del Estado revise pormenorizadamente el cálculo. Aunque el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, dio por hecho ayer que la cuantía final se aproximará a la cifra planteada por Andalucía porque ésta "hace siempre bien las cuentas", sentenció.
Además de la deuda en inversiones y la gestión del Guadalquivir, el tercer punto que se abordó ayer fue la transferencia a la Junta de edificios que son propiedad de la Seguridad Social, pero están gestionados por el Gobierno andaluz. La Junta presentó un listado de 185 inmuebles, la mayoría de ellos edificios sanitarios. Todos no pasarán a titularidad del Ejecutivo autonómico. Se creará un grupo de trabajo para que en los próximos seis meses decida cuáles se transfieren y cuáles no.
El cambio de titularidad tiene dos ventajas: primero se enriquecerá el patrimonio de la Junta; y segundo permitirá hacer operaciones de alquiler y venta de algunos inmuebles (por ejemplo centros de salud en desuso o que quedaron vacíos, porque se han construido otros más nuevos, y que no se podían vender por ser de titularidad estatal).
