Las familias del colectivo bautizado como la 'Corrala Utopía', que durante casi dos años ocuparon sin título alguno un bloque de viviendas propiedad de 'Ibercaja', habrían firmado ya con la Consejería de Fomento y Vivienda "varios contratos" relativos a la entrega de viviendas públicas, todo ello en el marco de los realojos provisionales promovidos por la Administración andaluza para este colectivo.
Después de que la Consejería de Fomento y Vivienda recibiese del Ayuntamiento de Sevilla las últimas evaluaciones sobre la situación socioeconómica de estas familias y anunciase que merced a estos documentos completaría los realojos provisionales de los que se benefició ya la mitad del colectivo tras el desalojo de las citadas viviendas, han comenzado los movimientos.
Toñi, una de las mujeres que integran el colectivo y que quedó fuera de la tanda inicial de realojos provisionales acometida por la Consejería de Fomento y Vivienda, ha manifestado a Europa Press que aunque ella espera aún la convocatoria de la administración, le consta que otras personas del colectivo "han firmado ya varios contratos" para recibir de manera provisional viviendas protegidas de titularidad autonómica.
"Ya hay varios contratos firmados. Ya sabíamos que esto iba a acabar bien", ha dicho esta portavoz del colectivo, quien precisa que las viviendas relacionadas con dichos contratos pertenecerían al ámbito de Sevilla capital.
LA 'CORRALA UTOPIA' El desalojo de los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales, donde este colectivo de personas habitaba sin título alguno estas viviendas propiedad de 'Ibercaja', motivó que estas personas acampasen en la Plaza Nueva a modo de protesta, tras lo cual la Consejería de Fomento, dirigida por IU-CA, entregó directamente a varias familias llaves para habitar provisionalmente viviendas de titularidad autonómica, extremo que se aplicaría a las restantes personas o familias del colectivo. Estos últimos realojos, no obstante, fueron paralizados a cuenta del conflicto surgido entre PSOE e IU-CA, socios en el gobierno autonómico, en torno a esta polémica solución al asunto.
Al objeto de resolver el destino de estas familias, la Consejería de Vivienda remitió al Ayuntamiento un listado de estas 17 personas o cabezas de familia de cara a una nueva evaluación concreta de su situación socioeconómica, lo que debía determinar su derecho o no a estos realojos provisionales.
Tras concluir las nuevas evaluaciones sociales, el Ayuntamiento hispalense había remitido las mismas a la Administración andaluza con una carta dando cuenta de esta labor sobre "15 de las 17 familias solicitadas, con independencia de que hayan sido desalojadas o no". Avisaba el Consistorio, así, que queda pendiente el caso una persona empadronada en otro municipio diferente a Sevilla, así como otro en el que la persona en cuestión no habría acudido a "las citas concertadas" ni habría "colaborado" en la aportación de documentos.
En esta carta, recogida por Europa Press, el Consistorio explicaba que en cada uno de los 15 informes certificados, los trabajadores sociales encargados de estas evaluaciones concluyen si cada una de las unidades familiares se encuentra en una situación adecuada, de vulnerabilidad o riesgo de exclusión o, finalmente, en una situación "deficitaria o de exclusión social". El Ayuntamiento esgrimía además su baremo social, aprobado por su propia junta local de gobierno en febrero de 2013, señalando que del conjunto de familias, "sólo dos de ellas figuran en la lista de familias baremadas para la adjudicación de viviendas sociales", toda vez que el resto de familias no habría mostrado "deseo" de figurar en el "proceso de intervención social" asociado al baremo municipal.
LOS INFORMES Ya el pasado martes, la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, anunciaba que los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento, a través de las citadas evaluaciones, han acreditado la situación de "exclusión social" o de "vulnerabilidad o riesgo" de las 15 familias sometidas a este procedimiento, con lo que su departamento completará el proceso de realojo provisional de las familias, que tiene como requisito legal que las mismas se encuentren precisamente en situación de "riesgo" o de "exclusión social".
El realojo se reanuda en los términos establecidos por el acuerdo del Gobierno andaluz del 12 de abril, que fija que las familias ya realojadas se mantendrían en las viviendas cedidas por la administración autonómica siempre que los servicios sociales municipales acreditasen su "riesgo de exclusión social", y que las pendientes serían realojadas si dicha situación quedaba acreditada por dichos servicios, extremos ambos "certificados por los informes actualizados", según la Junta.
Y es que según la Junta, los citados informes de los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento reflejan que ocho de las personas o familias evaluadas se encuentran en un estado de "vulnerabilidad o riesgo", lo cual ya justifica "plenamente" su realojo provisional; y siete atraviesan una situación "deficitaria o de exclusión social". "Los informes sociales actualizados avalan plenamente el proceso de realojo iniciado el 9 de abril, que ahora tendrá lógica continuidad en los términos establecidos por el acuerdo del Gobierno andaluz", concluye la Junta.
