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"La Junta comprometió ayudas al ERE de Mercasevilla de 2007"

El ex director general de Empleo desmiente la versión de la consejería

el 29 nov 2010 / 16:52 h.

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El ex director general de la Consejería de Empleo Javier Guerrero Benítez, a quien el área que ahora dirige Manuel Recio ha señalado, junto al ex delegado provincial, Antonio Rivas, como responsables de la tramitación de los ERE de Mercasevilla de 2003 y de 2007, se enfrentó ayer públicamente al Gobierno andaluz. Desmintió la versión oficial de los hechos y defendió su inocencia, en unas declaraciones realizadas a Europa Press. En ellas, subraya que sí hay compromiso de financiación con el ERE de 2007 -del que se desvincula la Junta-; alega que "alguien coló" los nombres de las dos personas no trabajadoras de la empresa que aparecen en las pólizas y niega que su cese estuviese vinculado a la tramitación de los expedientes.

Desde que estalló el caso Mercasevilla, la Consejería de Empleo, incluso cuando estaba Antonio Fernández al frente, se ha desvinculado de la financiación del ERE de 2007 hasta el punto de que ha dejado un agujero en la empresa de mercados de nueve millones de euros que está siendo investigado en el Juzgado. Ayer, Guerrero respaldó la versión del comité de empresa y de la propia dirección de Mercasevilla. No falló nada. Estaban comprometidas las ayudas y su firma, a la que el consejero actual, Manuel Recio, resta autoridad, tenía la validez necesaria. "Era un apéndice del ERE de 2003. Eso estaba negociado. Recibió el mismo tratamiento de todos los ERE de Andalucía donde hemos comprometido ayudas.

En ese momento, no había ninguna regulación específica que amparara las ayudas a las empresas en crisis. En los nueve años que estuve, usé el mismo método", apuntó Guerrero, quien señaló a empresas como Boliden, Astilleros, Santana Motor y Cárnicas Molina. Trata de desmentir así no sólo la versión pública sino incluso el relato que la consejería remitió a la juez Mercedes Alaya.

Según el relato de la Consejería de Empleo, Guerrero fue cesado el mismo día que firmó una de las pólizas para pagar a los prejubilados, la última de las suscritas precisamente por un desacuerdo en torno a este expediente. El ex director general lo negó: "A mí no me cesan por eso. El consejero quería hacer unos cambios en el equipo y yo llevaba nueve años en esa dirección".

Es en esa póliza suscrita con Vitalicio y avalada por Guerrero donde aparece el nombre del ex secretario general del PSOE de Baeza, Antonio Garrido Santoyo, quien nunca antes había tenido relación alguna con Mercasevilla. Cuatro años antes se había producido una situación similar. En otro documento interno tramitado en la Junta de Andalucía y firmado por el propio Guerrero y por el ex director de Mercasevilla -imputado en tres causas judiciales- aparece el nombre de María del Carmen Fontela, sin relación alguna con la empresa pero vinculada a una cantidad de 154.851 euros en concepto de pago de prejubilaciones.

"Al conocerlo, me quedé tan sorprendido como cualquiera. En los ERE no estaban y nadie de la consejería ha manipulado los procedimientos en favor de esas personas. Alguien me la ha colado de mala manera. En la consejería nadie se ha llevado nada más que su sueldo y punto", argumentó Guerrero, quien además intentó responder a una pregunta que la Consejería de Empleo aún no ha aclarado pese a la insistencia de la oposición: "Fontela no firmó la póliza y nunca cobró un duro. Nadie le ha pagado".

La Consejería de Empleo declinó entrar a responder o matizar estas declaraciones con las que Guerrero intenta desmontar la versión de Recio. Éste, en la misma mañana de ayer, se limitó a defender la labor del Gobierno andaluz: "Somos los más colaboradores, pero la investigación aún no ha concluido. Siempre se ha trasladado toda la información a la Justicia y no se ha extraído ninguna otra irregularidad entre 2003 y 2007".

En pleno debate sobre las irregularidades del proceso, CCOO reclamó ayer "transparencia y rigor" en el cumplimiento de los acuerdos de 2007 por parte de la Junta y que no se reste "legitimidad ni legalidad" a los ERE.

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