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La Junta concluye que no hubo ilegalidad en los realojos y da por zanjada la crisis

La consejera de Fomento acudirá al Parlamento a explicar los detalles del realojo de las 8 familias de la Corrala Utopía. El portavoz no descarta ahora que se proporcione vivienda a las otras nueve si los informes de servicios sociales lo justifican

el 15 abr 2014 / 22:00 h.

Los consejeros de PSOE e IU se vieron ayer las caras en el primer Consejo de Gobierno tras la crisis por los realojos de la Corrala Utopía, que a punto estuvo de echar por tierra el pacto y acabar con la legislatura a los dos años. Duró una hora, menos que la rueda de prensa posterior que casi fue un monográfico del tema, y según el portavoz, Miguel Ángel Vázquez, no se habló del «conflicto» ni de adelanto electoral. Vázquez admitió que «algún error se ha podido cometer», pero dio el asunto por «zanjado» con el acuerdo entre PSOE e IU en la madrugada del viernes, que se saldó con el realojo provisional de ocho familias de la corrala, y la suspensión del de otras nueve, hasta que los servicios sociales comprueben si persiste el riesgo de exclusión social que lo justifique. El portavoz no descartó ayer que también se proporcione vivienda a estas nueve familias tras el análisis de los servicios sociales. La consejera de Fomento, Elena Cortés (que durante la crisis estuvo en Colombia y Panamá en visita oficial) comparecerá en el Parlamento para explicar los detalles de los realojos. ANDALUCÍA TENDRÁ COMITÉ PROPIO PARA AUTORIZAR INVESTIGACIÓN CON PREEMBRIONESLa versión final de los hechos que se ofreció ayer matiza lo que dijeron hace una semana los dos socios de Gobierno. Las familias eran 17, no 22, y no todas cumplían en ese momento los requisitos para un realojo excepcional (sólo 8), como dijo IU. Los realojos no incumplieron la ley, como dijo el portavoz, y Fomento no puso a los okupas de la corrala por delante de familias que esperaban en la lista de demandantes de VPO, como aseguró la presidenta de la Junta, Susana Díaz, porque se trataba de procedimientos distintos, recogidos por la ley. «No puede tener más derecho quien ocupa una vivienda que quien espera pacientemente», dijo Díaz. Así lo explicó ayer la consejera de Igualdad y Bienestar Social, María José Sánchez Rubio: «Hay que diferenciar entre las personas que están en la lista de demandantes de vivienda de protección pública, en el registro del Ayuntamiento, y las que fueron objeto de un desalojo, que lo hacen de acuerdo con un auto judicial que dice que deben estar en una determinada situación [riesgo de exclusión social o con menores]. Estamos hablando de realojos, no de acceso definitivo a una vivienda pública. Hay que distinguir, porque no son las mismas características ni las mismas condiciones para personas que se realojan porque están en situación de desalojo, que para otro tipo de personas. Hay que evitar que quienes se ven afectados por graves problemas de vivienda piensen que la ocupación de un piso le da más derecho que otras que estaban esperando». Esta confusión persistía ayer. El Ayuntamiento de Sevilla (PP), que debe ahora acreditar la situación de riesgo de las 8 familias realojadas, informó de que sólo dos de ellas estaban en la lista de demandantes de viviendas sociales, y en puestos muy atrasados. En esa lista hay 388 personas esperando, pero ninguna cuenta con un auto judicial que ordena una salida inmediata (lo que justifica un trato excepcional, según Fomento) Reconstrucción. El domingo 6 de abril, la Policía desalojó a 22 familias de la Corrala Utopía, que llevaban dos años ocupando un edificio de Ibercaja en Sevilla. Muchas eran personas en riesgo de exclusión, con niños y minusválidos, a las que se sumó el movimiento okupa. Desde febrero, había un auto que ordenaba una salida específica a estas familias. La Junta, el Consistorio, el Defensor e Ibercaja estaban negociando la solución –algunas ya habían sido realojadas y otras salieron por su cuenta– pero el acuerdo saltó por los aires con el desalojo. Fomento, acogiéndose al auto y a la ley de VPO, ordena realojar a las 22 familias, pero Presidencia pide frenar la acción. «Queremos que se cumpla la ley y el realojo no cumple la normativa de la Junta», dice el portavoz, que advierte de que en ningún caso «se va a modificar el orden legítimo de las listas de adjudicación de viviendas sociales», puesto que «hay cientos de familias en una situación de exclusión con los mismos derechos». Desde Presidencia se advierte de que el realojo podría incurrir en «prevaricación». La Junta habla de un informe de los servicios jurídicos (que no ha sido entregado a los medios) «sobre si hay prevalencia del auto sobre la normativa de vivienda». Fomento replica que lo que hace excepcional este caso es el mandato judicial y que no se trata de una adjudicación de viviena, sino de un «realojo provisional y excepcional» para casos extremos. «No se puede mezclar cita médica con Urgencias», dice. Pese a las dudas y al no taxativo de la presidenta, esa noche Fomento entrega las llaves de diez viviendas a las familias de la corrala, acampadas en Plaza Nueva. Díaz amenaza con retirarle las competencias a Fomento sobre adjudicación de viviendas si no rectifica. «Si se recupera la normalidad legal de la situación, [el decreto] se podrá revisar», dice Díaz. Pero las posiciones se mantienen, y la presidenta ejecuta su amenaza en la madrugada del viernes. 24 horas después, tras duras negociaciones y un análisis pormenorizado de los expedientes, se llega a un acuerdo. El número de realojos se ha depurado (una afiliada a IU renuncia a uno de los pisos tras lograr un trabajo), bajando de 22 a 17: 8 realojos se mantienen y 9 quedan pendientes de examinar. El PSOE sostiene que las condiciones de algunas de estas últimas hacen que «jamás» puedan acceder a una vivienda pública. El líder de IU, Antonio Maíllo, dijo ayer en la SER: «Comparto las afirmaciones del portavoz de que no ha habido ilegalidad. Fomento actuó de forma impecable», añadió Maíllo, quien se siente «más respaldado que nunca» por su organización tras esta crisis y no ve razones para un adelanto electoral. En esto, al menos, coincide con la presidenta andaluza. El Constitucional mantiene la suspensión cautelar de la ley antidesahucios El pleno del Tribunal Constitucional ha acordado mantener la suspensión cautelar que ya decretó el pasado enero sobre la ley andaluza de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, conocida como antidesahucios. En un auto, al que ha tenido acceso Efe y que cuenta con el voto particular discrepante de cinco de los doce magistrados, el pleno del TC invoca la «especial relevancia de la medida de política económica general de estabilidad del sistema financiero» emprendida por el Gobierno, que es «prevalente» sobre la norma autonómica, «y la proyección de esta materia en el contexto internacional». Así, el Alto Tribunal rechaza las alegaciones que le formularon contra la suspensión de la ley la Junta y el Parlamento de Andalucía, que apelaron a la necesidad de la medida porque su paralización podía perjudicar a las 144 solicitudes admitidas a trámite que podrían acceder a la expropiación temporal del uso de la vivienda. Por el contrario, la Abogacía del Estado, solicitaba mantener la suspensión de la ley porque esta podía tener «un impacto significativo sobre la situación financiera de las entidades, el crédito hipotecario, el mercado de cédulas hipotecarias y en la adecuada finalización de la reforma financiera». Los perjuicios que alegaban la Junta y el Parlamento andaluces, señala el TC, han resultado «notablemente reducidos porque el Estado también ha dispuesto normas que atienden a esos intereses», en concreto con la ley de mayo del pasado año sobre medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. Dicha norma, recuerda el auto, contempla, entre otras medidas, la suspensión inmediata y por un plazo de dos años de los desahucios de las familias que se encuentran en especial riesgo de exclusión. Para la la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta, Elena Cortés (IU), el auto del TC sobre la ley antidesahucios es una «operación del PP para blindar los intereses de la elite financiera y de los especuladores, a costa de mantener más de 700.000 viviendas vacías».

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