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La Junta confía en que el Gobierno avale sus recortes y no exija más ajustes

Griñán reclama “lealtad” al Ejecutivo para “fortalecer” al país y admite que el ‘tijeretazo’ salarial es un “enorme sacrificio” para los empleados públicos

el 17 may 2012 / 06:27 h.

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El mayor recorte de un Presupuesto andaluz quedará hoy en manos del Gobierno de Mariano Rajoy. El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, eligió ayer una entrevista en Canal Sur Televisión para poner cara a los recortes aprobados por su Gobierno y reclamó "lealtad" al Ejecutivo de Mariano Rajoy al valorar el plan de ajustes aprobado por Andalucía, además de hacer una llamada al consenso y a recuperar "el espíritu de 1977".

"Si lo que queremos es fortalecer al país tenemos que ser leales. No voy a decir públicamente las dudas que me plantean los Presupuestos Generales del Estado, que me las plantean, sobre el cumplimiento del déficit", aseguró Griñán. El presidente andaluz lamentó que el Gobierno haya estado sembrando dudas sobre las cuentas andaluzas y defendió que "la lealtad no es un trágala". "Discrepo pero voy a cumplir", dijo, sobre un déficit "injusto".

La Junta acude a la cita del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano que reúne a las comunidades y el Ministerio, con el convencimiento de que sus medidas, que tocan 3.500 millones, permitirán no desviarse por encima del déficit del 1,5%. La relación entre Junta y Gobierno es tensa. Políticamente Andalucía es la única comunidad de izquierdas que se sentará en el foro multilateral. Su discurso oficial arremete contra los recortes, culpa a Rajoy de esas duras restricciones y alega que se cumplen por responsabilidad y porque son inevitables. El Gobierno andaluz ha evitado elevar la ratio en las aulas y anunció ayer mismo que recurrirá ante el Constitucional la subida del horario lectivo a los maestros o la prohibición de sustituir profesores antes de 15 días. Hay confrontación pero se desconoce hasta que punto puede tensarse la cuerda en un momento complicadísimo y con el Gobierno blandiendo la Ley de Estabilidad Presupuestaria que le permitirá la intervención de las cuentas de las autonomías.

El Gobierno andaluz hace descansar su plan de ajuste sobre tres patas: un gran recorte salarial para todos los empleados públicos; subida de impuestos para las rentas superiores a 60.000 euros; y freno a la inversión. Las principales dudas del Gobierno central podrían venir por las previsiones de ingresos que baraja la Junta. Se computan ingresos muy voluminosos por adelantos de fondos europeos, venta de inmuebles (medida que hasta ahora no ha funcionado) y se prevé un comportamiento positivo de la recaudación tributaria. Además la Junta debe colocar una deuda pública de más de 3.000 millones -al margen de este Plan de Reequilibrio- y si los mercados le dan la espalda se agudizarán sus problemas.

Estos podrían ser los puntos débiles de un plan que opta por un tijeretazo salarial masivo en el sector público, eliminando extras y complementos a los funcionarios y reduciendo un 15% el salario a los interinos para evitar despidos. Ni sindicatos ni PP creen que estas medidas eviten que mucho personal público vaya a la calle.

Griñán, que fue criticado por no salir a explicar las medidas y un día después se sentó en un plató de Canal Sur, admitió que las medidas son "duras" y suponen "un enorme sacrificio" para los funcionarios, pero aseguró que no asumir el tijeretazo salarial supondría "despedir a 30.000 empleados". En educación garantizó que se renovará el contrato a más de 3.000 interinos. Garantizó que son "medidas transitorias" aunque eludió un compromiso temporal. El presidente defendió la paralización de la inversión: "Antes que recortar en educación no hago una carretera".

Griñán enfatizó su llamada al consenso político para salir de la crisis. Sobre las críticas del líder del PP andaluz, Javier Arenas, fue muy gráfico: "Me da por pensar en ese futbolista que entra violentamente y se tira al suelo como si se hubiera hecho daño él".

Por su parte, el Gobierno mostró su "satisfacción" por los ajustes presentados por las comunidades. "El que no esté, no está, pero va a estar", dijo el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para dejar claro que las que no cumplan ahora lo harán en un futuro inmediato. El Ejecutivo central ya anunció ayer que pedirá más medidas a algunas comunidades -es el tercer plan de ajustes que presenta Cataluña, por ejemplo- para evitar sanciones. El conflicto más grave está abierto ahora mismo con Asturias, a quien el Gobierno ya le ha advertido de una posible tutela de sus cuentas ante su situación política. Ayer ya se confirmó que gobernarán los socialistas. En 15 días el Gobierno central ha convocado otra reunión para dar su nota a los planes de ajuste de las comunidades, que suman más de 8.000 millones.

¿Y si las medidas no fueran suficientes? La Junta no quiere ni valorar esa hipótesis y advierte además de que el Gobierno adeuda a Andalucía 1.500 millones por incumplimiento de las inversiones exigidas en el Estatuto, cantidad que, de no computarse en su debe, le permitiría enjugar su déficit. El Estado ni reconoce la deuda.

Apoyo de los socios. Los recortes han sido pactados con IU. Desde el Gobierno andaluz su vicepresidente, Diego Valderas, recuperó ayer los mismos calificativos que solía utilizar cuando estaba en la oposición para describir los recortes de la Junta. "Todas las medidas tienen una alta dosis de injusticia", dijo, son "dramáticas", "difíciles" y "dolorosas". Pero el también coordinador regional de IU no eludió que su formación es "corresponsable" del plan de reequilibrio. Valderas compareció para defender las decisiones que ha tomado el Gobierno de PSOE e IU y para marcar distancias entre lo que viene impuesto desde Madrid y las líneas rojas que protege Andalucía (empleo público y servicios sociales), a costa del "sacrificio solidario" de los empleados públicos. "Han sido decisiones importantes, dolorosas, necesarias e imprescindibles. El Gobierno andaluz no tenía salida, son medidas impuestas, y era un sí o sí", advirtió. Valderas explicó que los "recortes salvajes" han venido impuestos por las políticas de austeridad de Madrid y de Bruselas, y prometió que la reducción de los sueldos de los empleados públicos será "revertida" cuando la economía lo permita.

El vicepresidente cree que el paso que ha dado la Junta es un punto y final a toda la polémica sobre la posible intervención de las cuentas andaluzas. Esa posibilidad está despejada definitivamente, aseguró, y añadió que "los andaluces no entenderían que el Estado no acepte el plan de reequilibrio". "El Gobierno tendrá que aplaudir el plan andaluz por novedoso y por ser una alternativa al resto de propuestas de recortes", aseguró.

La posición de Valderas ahora es incómoda. Se ha pasado los últimos años del lado de los sindicatos y en contra de los recortes de la administración, y ahora que no lleva ni dos semanas dentro del gobierno, tiene que reconocer el malestar de los sindicatos y su derecho a manifestarse en contra de la bajada salarial que van a sufrir los funcionarios. El también consejero de Administración Local mantiene que la defensa del empleo público y del sistema educativo han sido los dos objetivos primordiales del plan de ahorro, aunque admitió que el colectivo de interinos inevitablemente se verá afectado. "Las bolsas de interinos se moverán con más lentitud, algunas se paralizarán y habrá personal que no podrá ser renovado", concluyó.

La titular de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, comparecerá en el Parlamento la próxima semana y se reunirá los próximos días con los responsables de cada departamento para abordar la letra pequeña del plan. Valderas confió en que IU pueda "mejorar el decreto" en el Parlamento, aunque las reformas se van a aprobar por decreto ley, por vía de urgencia. Ayer el portavoz de IU, José Antonio Castro, propuso "no tocar ni un céntimo" a empleados mileuristas e insistió en el carácter temporal y reversible de las medidas.

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