El Gobierno andaluz desconoce los ritmos del TC y si el fallo está o no próximo, pero sabe que ya está en ello y que la ponencia base sobre la que trabajará no es del todo tranquilizadora. El magistrado encargado, Javier Delgado -según desveló el lunes el Grupo Joly- es un hueso duro de roer en lo que a defender las competencias estatales y acotar las autonómicas se refieren, según reconocieron fuentes del PSOE-A. No obstante, la deliberación está aún en un momento muy incipiente y sea cual sea el sentido de la ponencia de Delgado, es sólo un documento base que luego tendrán que discutir los magistrados del TC para llegar a un fallo, subrayan.
Desde la Junta, la portavoz del Gobierno y consejera de Presidencia, Mar Moreno, instó a "dejar trabajar al Constitucional" e insistió en que, "a día de hoy", el Ejecutivo andaluz mantiene que su articulado "encaja en el marco constitucional". Subrayó además que la reforma del texto estatutario de 2007, en la que se incluyó la competencia sobre el Guadalquivir, contó con el aval del Consejo Consultivo de Andalucía "y de todos los partidos políticos".
El peor escenario, reconoce la Junta, es el de una sentencia firme de inconstitucionalidad, que anularía la transferencia y afectaría a normativas como la Ley de Aguas, recientemente aprobada. Además, la Junta está inmersa en un complejo proceso para integrar a los trabajadores de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la nueva Agencia del Agua.
La otra opción, un fallo interpretativo, sólo condicionaría el desarrollo de estas políticas al marcar unas pautas a las que el Gobierno tendría que ajustarse. La sentencia sobre el Estatut catalán mezclaba ambos tipos según los artículos.
El coordinador regional de IU, Diego Valderas -formación que impulsó la inclusión de esta transferencia en el Estatuto- defendió que no se puede aceptar "ninguna limitación" del texto autonómico. En declaraciones a Europa Press, dijo estar seguro de que no habrá problemas porque cuando se debatió el Estatuto de Autonomía en el Congreso de los Diputados se reconoció "perfectamente" no sólo la constitucionalidad del texto, sino también la capacidad sobre el Guadalquivir "en toda su plenitud". No obstante, el líder de IU dejo claro que en caso de una sentencia en contra Andalucía tendría que seguir trabajando para que su Estatuto de Autonomía no se viera limitado "absolutamente en nada".
1.696 liberados sindicales. En la rueda de prensa tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, la portavoz de la Junta fue preguntada sobre la posibilidad de que el Gobierno andaluz imite a la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre (PP) en su intención de ajustar en la administración pública el número de liberados sindicales -trabajadores que mantienen su puesto y sueldo pero temporalmente se dedican a defender los derechos laborales desde la misma empresa o desde la estructura sindical-.
Moreno tildó de "demagógica y populista"una medida que "en un momento de dificultades económicas carga las lintas contra los sindicatos y se considera su labor prescindible" cuando es "fundamental para la democracia". En la administración andaluza hay unos 254.000 trabajadores -unos 100.000 docentes, otros tantos sanitarios, 7.000 funcionarios de justicia y el resto en la administración general- y de ellos, 1.696 son liberados. La consejera señaló que "si Madrid ha permitido abusos en este sentido será su responsabilidad", pero negó que ocurra aquí.
