El Gobierno español ha valorado positivamente los compromisos que finalmente se recogen en la PAC aprobada en Bruselas. / Carlos Díaz
Ya hay acuerdo político para reformar la principal política comunitaria, la PAC, para el periodo 2014-2020, y Andalucía consigue que algunos de los aspectos que más le perjudicaban en la propuesta se maticen. A falta de que hoy haga una valoración en profundidad del contenido y su impacto sobre los agricultores andaluces, el consejero del ramo, Luis Planas, consideró ayer que el acuerdo alcanzado, ratificado por la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, recoge algunos avances que limitan algunos de los efectos desfavorables que suponía la propuesta de reforma para los intereses de Andalucía.
En declaraciones a Europa Press, señaló que se han consolidado unos avances suplementarios, si bien recordó que es la reforma no se ajusta a las características de nuestra estructura productiva agrícola y ganadera.
Así, se ha conseguido limitar la convergencia interna al 60% con una cláusula de limitación de pérdidas por agricultor del 30%. Más favorable hubiera sido lograr una cifra inferior para ambos puntos, aunque no quiso entrar en este aspecto hasta que no finalice la discusión en el marco nacional.
El consejero hizo hincapié en que ahora se abre la negociación a nivel de España, una fase tan importante como la que acaba de finalizar en Bruselas. En este sentido, vaticinó un importante trabajo durante el mes de julio para estudiar la aplicación de la PAC, una discusión política y técnica, donde quedan elementos fundamentales por decidir. Entre estos asuntos, uno de los centrales será cerrar los criterios para decidir el modelo de región.
Y para ello el Gobierno ha convocado una conferencia sectorial con las comunidades en septiembre, en la que explicará las medidas adoptadas, confirmó ayer el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, que aseguró que la PAC no entrará en vigor al menos hasta octubre de 2015 y que el acuerdo necesita formalmente el visto bueno del pleno de la Eurocámara y de los 27, lo que alargará la tramitación hasta el otoño.
Cañete se mostró satisfecho porque España ha conseguido la práctica totalidad de sus reivindicaciones y destacó que mejora sensiblemente el acuerdo alcanzado el año pasado por la Comisión Europea y cambia radicalmente la propuesta inicial, que era lesiva para España. Así, señaló que ahora hay un modelo que garantiza la viabilidad y da margen para orientar a nuestra agricultura para que sea activa.
La industria agroganadera contará hasta 2020 con un apoyo presupuestario similar al actual. España dispone 35.705 millones de ayudas directas, 8.291 para el desarrollo rural y más de 3.000 para medidas de mercado, a lo que sumará la confinaciación nacional para el desarrollo rural, elevando la cifra a más de 50.000 millones, lo que supone casi el 30% de la renta agraria, precisó.
Se ha logrado evitar que se aplique en territorio nacional la tasa plana, es decir, una ayuda igual por hectárea para todos los productores de un Estado o región y evitar una reducción muy significativa de la ayuda media por hectárea por la incorporación de superficies potencialmente elegibles, que podrían alcanzar los 38 millones de hectáreas, 16 más que las actualmente declaradas.
