La Junta envió el lunes a la jueza del caso ERE dos informes técnicos para desbaratar la estrategia del PP que ha centrado parte de la instrucción en intentar vincular al presidente José Antonio Griñán como responsable último del fraude de los expedientes de regulación de empleo. El Ejecutivo andaluz no ha esperado a que la jueza Mercedes Alaya responda al recurso de aclaración que interpuso hace una semana. En él, le pedía explicaciones sobre su último auto, que atendía a diligencias del PP, y que reclamaba documentos presupuestarios con la firma de Griñán en su etapa de consejero de Economía.
El Gobierno andaluz presentó el recurso como señal de protesta a las "trampas procesales" del PP que engañaban a la jueza, pero tenía diez días para entregar a Alaya la documentación que ésta pedía, y ayer la consejera de Presidencia, Mar Moreno, compareció para anunciar que los servicios jurídicos le habían enviado dos informes técnicos, uno de la Intervención General (del 19 de diciembre) y otro de la Dirección General de Presupuestos (del 20).
El objetivo de esos informes era aclarar las dudas de la jueza respecto a la supuesta implicación de Griñán en el caso ERE, pero sobre todo buscan contrarrestar las "trampas" que el PP está haciendo con la instrucción del caso, según Moreno. El caso ERE tiene tres líneas de investigación abiertas, y dos de ellas, según la Junta, están siendo manipuladas por el PP. La única que acepta el Gobierno andaluz, y en la que ha colaborado con una investigación interna, es la que intenta descubrir quién otorgó las ayudas públicas fraudulentas y quién se benefició de ellas. La Junta insiste en focalizar la autoría del menoscabo de los fondos públicos en la Dirección General de Trabajo, de la Consejería de Empleo, que en teoría es quien decidía y aprobaba las ayudas a los falsos prejubilados y las empresas en crisis a través de un procedimiento irregular y más o menos arbitrario.
Las otras dos líneas de investigación que abrió Alaya siguen las "trampas" del PP. La primera es la que denuncia que Griñán, como titular de Economía, era conocedor de ese procedimiento irregular e hizo oídos sordos. Y la otra "trampa" es la que dice que el Consejo de Gobierno autorizó modificaciones presupuestarias para justificar las ayudas fraudulentas (de la partida 31L que contenía 640 millones).
Junto a los dos informes se le remitió a la jueza la documentación sobre 13 modificaciones presupuestarias aprobadas por el Consejo de Gobierno, todas ellas con el sello favorable de la Intervención (órgano fiscalizador de las cuentas públicas). Moreno explicó que "no se puede confundir el procedimiento administrativo de aprobar una modificación presupuestaria con el de conceder una subvención y el destino final del dinero". Las 13 modificaciones presupuestarias aprobadas durante los diez años que se investigan (desde 2001) fueron avaladas por la Intervención. El órgano había advertido de que el procedimiento de concesión de las ayudas que usaba la agencia IDEA (antiguo IFA) era irregular, pero nunca elevó al consejero de Economía un informe alertando de una ilegalidad o de un fraude.
La tesis exculpatoria de la Junta es que "los hechos delictivos afectan a la ejecución del gasto, no al procedimiento de aprobación del presupuesto. El presupuesto es anterior al gasto y un proceso absolutamente distinto, ni el Parlamento, que aprueba el presupuesto, ni la administración pueden prever que el presupuesto modificado vaya a ser ejecutado con gastos ilícitos", dijo. Creer esto, añade el informe, sería "una lectura absurda", puesto que haría responsable a la oposición, por cuanto forma parte del Parlamento. Sobre el reproche del TSJA a las críticas de políticos a Alaya, Moreno respondió que "el Gobierno andaluz no se siente aludido" y que "el que debe estar aludido es el PP", por "trampear" el caso.
