La Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta ha dado un plazo de tres meses a la empresa promotora de la construcción de la promoción Isbylia de 583 VPO en Sevilla Este, la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, vinculada a la CEA, para que realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación del expediente en alusión a la calificación definitiva como VPO, que corresponde con el paso administrativo de final de la obra. En caso de que no mueva ficha, la Junta advierte de que se procederá a declarar la caducidad del procedimiento y el archivo de las actuaciones. La fecha de notificación a la Fundación a partir de la cual se empieza a descontar ese periodo se remonta al pasado 18 de octubre, con lo que el plazo dado expira el 18 de enero.
MANUEL R.R. (ATESE)
La Junta responde así al escrito formulado por la asociación de vecinos Edificio Isbylia 583 VPO, que solicitaba a la Delegación la denegación de esa calificación definitiva por causa imputable al promotor, iniciar el trámite de expropiación de lo construido en los suelos protegidos y proceder a investigar las causas por las que los adjudicatarios que han rescindido el contrato y solicitado la devolución de las cantidades entregadas siguen sin recuperar su dinero.
En el documento de la Delegación, sellado con fecha de salida el pasado 18 de noviembre, se detalla que, con independencia de que los beneficiarios reclamen la devolución de las cantidades entregadas a cuenta por el incumplimiento del plazo establecido, una vez que se declare la caducidad del expediente y la no obtención de la calificación definitiva podrán optar entre resolver el contrato, lo cual conllevará la devolución por la promotora de las cantidades entregadas a cuenta, o bien, solicitar a la Delegación Provincial, en el plazo de tres meses desde la denegación de la calificación definitiva, la rehabilitación del expediente a su favor, siempre que medie contrato de compraventa o cantidades entregadas a cuenta.
Fuentes de la Delegación explicaron que, a petición de las familias que así lo han solicitado, tratan de dar respuesta a la inquietud expresada por los adjudicatarios porque se da la casuística de que, ante la paralización de la promoción desde 2012, muchos quieren optar a otra vivienda de protección oficial pero constan como adjudicatarios ya de una aunque las viviendas no estén entregadas, por lo que legalmente existe ese escollo.
De esta manera, las fuentes precisaron que la Fundación deberá pronunciarse sobre el contrato de compraventa suscrito con los adjudicatarios porque, si no responde, será la Administración la que dará por extinguida dicha relación contractual. Si en el plazo de tres meses no se regulariza la situación y no se pronuncia sobre el contrato de compraventa, éste quedará extinguido.
La asociación de vecinos se congratuló ayer del giro dado a su caso tras la intervención de la Sareb o banco malo, que demuestra a su juicio la razón que llevaba en sus denuncias y por la que piden que se depuren responsabilidades.
La consejera anuncia cambios para mejorar la inspección La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, cree que debe haber un aumento en las políticas de inspección de forma que se debe hacer cumplir la Ley de VPO para que situaciones como ésta no se vuelvan a producir. A preguntas de los periodistas, Cortés, tras insistir en la necesidad de que se devuelvan las subvenciones en el caso de que estas VPO no se entreguen, indicó que el Gobierno ha estado con las familias desde el primer momento y considera que debe haber un aumento en la política de inspección, y ya estamos haciendo cambios para que situaciones como ésta no se vuelvan a producir. Hay que cumplir con la Ley de VPO de 2005 y hacer cumplir esa ley, para lo cual la Consejería tiene un cuerpo de inspectores; ése es el camino en que estamos.
El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla llevará una moción por la vía de urgencia al próximo Pleno con el objetivo de instar al Gobierno a introducir las modificaciones normativas necesarias que impidan la pérdida de ayudas estatales por la adquisición de las 583 viviendas de protección oficial (VPO) del edificio lsbilya y cuyos propietarios deberían haberlas recibido hace tres años. Según la moción recogida por Europa Press, el portavoz socialista, Juan Espadas, lamentó la falta de compromiso del Gobierno de España para el mantenimiento de las ayudas estatales, que unido a la denuncia realizada ante la Fiscalía por el Sareb o banco malo, están llevando a que muchos de los adjudicatarios de las 583 viviendas estén planteándose la renuncia a la adjudicación.
