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La Junta dará las actas lacradas tras un ultimátum de la jueza

Permanecerán en el juzgado a la espera de que el Supremo diga si son secretas

el 05 abr 2011 / 12:17 h.

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La jueza Mercedes Alaya sale de los juzgados.

El Gobierno andaluz accedió ayer a enviar a la jueza que instruye el caso del presunto fraude con ayudas públicas a empleo todas las actas del Consejo de Gobierno desde 2001. Lo hará después de que la magistrada Mercedes Alaya diera un ultimátum al Ejecutivo andaluz y le impusiera un plazo de tres días para enviar esta documentación bajo amenaza de un delito de quebrantamiento de medida cautelar. Las actas irán en sobres "cerrados, lacrados" e incluso serán fotografiados para constatar "el estado y características". Los documentos quedarán bajo la custodia de la magistrada hasta que el Supremo resuelva si es competente para revisar las actas, o si son secretas como dice la Junta. Alaya ha dado diez días a la Fiscalía y a las partes para que se pronuncien al respecto.

La consejera de la Presidencia, Mar Moreno, se pronunció ayer al término del Consejo de Gobierno sobre el nuevo auto de la jueza y manifestó la intención del Gobierno andaluz, a falta de que los servicios jurídicos cierren una posición firme que trasladarán a los juzgados, de cumplir con el requerimiento de que se envíen todas las actas lacradas "interpretamos que para garantizar la confidencialidad".

En el auto la magistrada recuerda que puede adoptar "las medidas imprescindibles para evitar que se eluda la acción de la justicia, se produzca un grave perjuicio al interés público y se originen daños graves e irreparables". Pero va más allá cuando más adelante añade que esta decisión con carácter cautelar "se adopta con el fin de salvaguardar los fines de la investigación, es decir, para evitar, también en el terreno de las hipótesis, que pudieran alterarse u ocultarse partes relevantes de las actas".

Ante esta afirmación, la portavoz del Gobierno tuvo por vez primera "una opinión crítica" con la jueza y las consideraciones que hace en su auto. Advirtió que al Gobierno hay valoraciones de la magistrada que le provocan "un juicio crítico". "No compartimos algunas exigencias del juzgado. No voy a polemizar pero no voy a ocultar que tengo una consideración muy crítica sobre algunas de las valoraciones que vienen en el auto. No alcanzo a comprender el tratamiento que recibe la Junta, que está haciendo un esfuerzo titánico por colaborar con la justicia", señaló.

No es la primera vez que la magistrada ataca duramente a la Junta en sus autos, de hecho, en el último lamentaba que el Gobierno "pretenda ocultar, o al menos aparentar que lo hace, datos de la investigación". Es más, llega a decir que le resultó "paradójico" que en diez años no se hubiesen detectados las irregularidades, señalando al propio José Antonio Griñán (entonces consejero de Economía), ya que a él se dirigían los informes de la Intervención General que desde 2005 desaconsejaba el procedimiento seguido para otorgar las subvenciones.

Además la Junta enviará todas las certificaciones que entienden que interesan para la investigación siguiendo las indicaciones que la jueza ofreció en otro auto anterior, de 30 de marzo, y en el que acotó por años su interés en esos documentos. En concreto lo referido al convenio suscrito con el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) para sacar del circuito oficial de la Consejería de Empleo las ayudas investigadas, las modificaciones presupuestarias aprobadas para cubrir los desfases en el pago de estas subvenciones o todo lo referido a los informes de la Intervención General de Hacienda. Igualmente la Junta cumplirá, en el plazo impuesto de 72 horas, con el envío de todas las actas de las reuniones de la Agencia IDEA, así como de las consejerías de Economía, Empleo y Presidencia. Si no, según le advierte la jueza, incurriría en desobediencia.

Por otro lado, la magistrada ha aceptado la personación del PP en el caso; mientras que el sindicato Manos Limpias ha pedido la expulsión de la Junta por "mala fe procesal".

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