La Consejería de Obras Públicas está dispuesta a asumir de forma subsidiaria los gastos de la demolición de viviendas ilegales a los que no puedan hacer frente los ayuntamientos por falta de medios. Es el acuerdo al que ha llegado con la red de fiscales de Medio Ambiente de Andalucía, que está elaborando con la Junta un protocolo para actuar de forma homogénea en estos casos.
La Delegación provincial de Cádiz ha confirmado su intención de hacerse cargo de este proceso de derribo en los casos en los que los consistorios no tengan fondos suficientes. Un compromiso que afronta el delegado de Obras Públicas, Pablo Lorenzo, quien insistió, sin embargo, en que estas ayudas se darán de "forma puntual" y después de estudiar los casos concretos de las corporaciones locales que se vean obligadas a iniciar esta actuación.
Esta medida es fruto del "diálogo permanente" entre las fiscalías de Medio Ambiente y la Junta para poner freno a la proliferación de construcciones irregulares. De esta forma se eliminan las trabas que se suelen presentar para el restablecimiento de la legalidad urbanística. "Es suplir en un momento la falta de medios que pudiera tener alguna administración y tratar de colaborar mediante una encomienda de gestión del ayuntamiento a la Junta para resolver ese problema porque en ese momento el ayuntamiento no dispone de medios, explicó Lorenzo.
El código penal establece que son los propietarios los que deben pagar los costes de esta actuación a la que en algunos casos no pueden hacer frente. Si se plantea esta situación deben ser las administraciones locales las que hereden esta responsabilidad. "El proceso de demolición es complejo porque requiere proyectos, intervenciones de técnicos y costes económicos que algunos no pueden asumir. Por eso estamos en la elaboración de un protocolo para que en el ámbito de la Fiscalía actuemos de la misma forma en los procedimientos de ejecución cuando hay sentencia en firme", señaló el fiscal de Medio Ambiente, Ángel Núñez.
Muchas viviendas de municipios como Chiclana o Vejer podrán librarse de la demolición y regularizar su situación después de los procesos de normalización que inicien sus ayuntamientos. Para el fiscal esta actuación es la "constatación de un fracaso" porque, a su juicio, no pueden frenar la ilegalidad sino crear sensación de impunidad.
