El anuncio lo hizo Zoido, que presentó un informe de la Agencia Tributaria que, con fecha del pasado 30 de septiembre, cifra en algo más de 5,1 millones de euros el dinero que adeuda la Junta de Andalucía en sí, aunque dos de sus organismos públicos (el Servicio Andaluz de Salud y la Empresa de Suelo) deben cada uno 1,1 millones, lo que da un total de 7,4 millones de euros. El grueso de esta deuda es por el impago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de la red de pisos públicos de la Junta, la mayoría con usos sociales. De hecho, el documento recuerda que en 2007 se aclaró la titularidad de 4.700 pisos para poner al día los pagos.
Ante este panorama, el portavoz municipal del PP arremetió contra el Gobierno local, al que acusó de poco diligente a la hora de cobrar y, sobre todo, de dar un “tratamiento distinto” a la Junta con respecto a cualquier otro ciudadano, que en cuanto se atrasa en los pagos le cae la amenaza del embargo. La explicación de Zoido es que en la administración andaluza está el PSOE, y con los “amigos” se usa una “doble vara de medir” que lleva a hacer una cierta vista gorda.
La réplica la puso la delegada municipal de Hacienda, Nieves Hernández, quien resaltó que de trato de favor nada de nada, porque la Junta tendrá que abonar los correspondientes intereses de demora “y cuanto más tarde, más pagará”. De paso, recordó que la ley impide embargar a las administraciones públicas, con lo que la única opción que quedaría sería meterse en un contencioso-administrativo que lo que haría sería alargar los plazos. “Tardaríamos más en cobrar”, admite Hernández.
Zoido no desaprovechó la ocasión para asegurar que esto no pasaría si el Ayuntamiento fuese “serio y responsable”, pero que no lo es, “no se hace valer” y se limita a “arrastrarse y decir sí bwana a todo”. Y no hablamos de una cantidad mínima, sino de una cifra que viene a ser el 80% de lo que el Consistorio se gasta en pagar la luz. Encima, lo que no entiende es que, si ya en 2007 se constituyó un grupo de trabajo para “saber lo que se debe y quién lo debe”, ahora se diga que hay que hacer lo mismo.
Hernández contestó a esto que en muchos de los casos hablamos de pisos sociales, lo que dificulta bastante conocer con exactitud quién es el titular, aunque admitió que el objetivo es afinar el sistema para que la Junta tarde menos en pagar.
