La filosofía del Gobierno andaluz de que se debe recortar el sueldo en todas las empresas públicas andaluzas porque en caso contrario no lo entenderían los ciudadanos se ha topado con la realidad de los convenios colectivos firmados en estas compañías. Lo reconoció ayer la consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta, Carmen Martínez Aguayo, tras presidir en Sevilla la reunión de la Mesa General de Negociación del Empleado Público. En caso de no haber acuerdo con los sindicatos, señaló la consejera autonómica, “sería imposible y habría que aplicar la normativa básica que supone el real decreto Ley”.
El panorama se presenta muy complejo para intentar llegar a un acuerdo. Los sindicatos presentes ayer en esta mesa le echaron en cara a la Junta el que no haya negociado con estas organizaciones el decreto que hoy aprobará el Consejo de Gobierno y en el que se trasladarán las medidas de recorte del gasto público aprobadas por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.
Martínez Aguayo les trasladó que su margen de maniobra era mínimo, porque el decreto debía aprobarse antes de que acabara este mes de mayo.
Así las cosas, Felipe Falcó, portavoz de CCOO, expresó la “indignación” de los sindicatos ante las medidas recogidas en el decreto-ley y denunció que el decreto andaluz que aprobará hoy la Junta “ha superado los términos” de la normativa básica estatal, ya que afectará incluso a las empresas públicas de carácter mercantil.
“Tendríamos que haber podido dar nuestra opinión previamente”, recalcó Falcó, quien insistió en que el decreto andaluz es “mucho más grave” porque afecta a la negociación colectiva de las citadas empresas.
A su juicio, las medidas de ajuste “han roto toda la negociación colectiva de este país, además del Pacto de Toledo”, por lo que aseguró que la huelga de los empleados públicos convocada para el 8 de junio será “la primera, pero con toda seguridad no será la última”.
Antonio Tirado, secretario general de FSP-UGT Andalucía, exigió a la Junta que “rectifique” e hizo un llamamiento a los trabajadores para que asistieran a todos los actos convocados como “repulsa” a las medidas tomadas”.
Y, por último, Andrés Montero, del CSIF, se quejó también de que no hubiera “negociación ninguna” con los sindicatos y expresó su “rechazo absoluto” al decreto, ya que “la Junta, en la medida de sus posibilidades, debería paliar la situación”.
