Local

La Junta debió adoptar medidas en 2005 para frenar las ayudas de Empleo

El exinterventor defiende que se detectaron "deficiencias graves" y se encendieron alarmas suficientes para corregir el procedimiento.

el 28 ago 2012 / 12:06 h.

TAGS:

Después de tantos políticos sacudiéndose responsabilidades frente a otros directamente lanzándose a degüello contra el adversario, la comisión de los ERE en el Parlamento andaluz recibió ayer una bocanada de cordura en las palabras de quien fue máximo responsable de auditar las cuentas públicas una década. El exinterventor general de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez, brindó en su comparecencia en la Cámara una extensa y seria explicación sobre la labor del cuerpo de la Intervención General en relación al fondo de ayudas al Empleo investigado por la justicia. Gómez era uno de los más esperados y fue el que con más claridad y menos sesgo político afrontó su comparecencia. Dejó claro que en 2005 el Gobierno andaluz, "especialmente el consejero de Empleo" -Antonio Fernández-, disponía de avisos más que suficientes sobre "deficiencias graves" en el reparto de las subvenciones y sostuvo que entonces se deberían de haber tomado medidas. Desmontó así los argumentos ofrecidos por el Gobierno andaluz, que viene asegurando que los avisos de la Intervención no llegaron o solo ponían reparos administrativos que no bastaban ni eran lo suficientemente graves como para iniciar actuaciones. También cargó duramente contra el uso político de sus informes. "Es enojoso que se manosee abusivamente la Intervención como parapeto o como un arma arrojadiza", se quejó. "Nos rebelamos ante la imagen de una administración andaluza cubierta por un manto generalizado de corrupción", dijo defendiendo la profesionalidad de los funcionarios.

Gómez es un alto funcionario de la administración que hace ya dos años que dejó de ser el responsable de la Intervención General de la Junta. Su testimonio como testigo ante la Guardia Civil ha sido uno de las patas de la instrucción judicial sobre el llamado caso de los ERE. El órgano de control interno y de la contabilidad pública de la Junta y de sus entes instrumentales (empresas públicas, agencias y fundaciones) redactó varios informes, hasta quince, alertando de serias irregularidades. Nada era normal: "Un caso como éste yo no lo había visto nunca", dijo ayer este responsable. No se detectó fraude o menoscabo de fondos públicos. Se observaron irregularidades, anomalías y procedimientos inadecuados, sin embargo no se denunciaron ilegalidades o delitos. Con todo, Gómez fue muy claro y reprochó directamente al Gobierno andaluz que se parapete en que no existió un informe de actuación (encendiendo la alarma roja) para explicar por qué no actuó. "Carece de sentido común. Si su vecino le advierte de que sale humo y llamas por el extractor de su cocina, ¿llamaría a los bomberos o esperaría a que el vecino le mandara una carta o un correo electrónico?", ilustró. "Si se advierte de graves deficiencias esto obliga a tomar medidas aunque no suponga fraude", insistió.

El exinterventor general dejó claro que nunca en su trayectoria, ¡con cuatro consejeros, ha recibido "presiones". José Antonio Griñán, exconsejero de Economía y el penúltimo de sus superiores, no fue una excepción. No despachó con él los informes, porque la Intervención utiliza siempre la comunicación escrita "para preservar su independencia". "O si lo comenté, no lo recuerdo", agregó.

Gómez dejó al descubierto que el sistema creado en 2001 para sacar las ayudas sociolaborales a trabajadores y empresas del circuito oficial permitía eludir numerosos controles. El diputado Rafael Carmona (PP) aportó documentos que acreditaron que, en 2000, el interventor frenó un expediente de ayudas a la empresa Cárnicas Molinas. A raíz de este impedimento, ilustró el PP, la Consejería de Empleo ideó el nuevo procedimiento hoy bajo sospecha y bajo el que nació un presunto fraude millonario. "Aquella resolución de la Intervención no obstaculizaba la gestión pero ponía un marco de funcionamiento. Cualquier gestor eficaz y diligente en el marco fijado podría haberlo hecho perfectamente", defendió Gómez.

Pero la Junta optó por otro camino. Meses después, en julio de 2001, se firmó el polémico convenio entre la Consejería de Empleo y el IFA (después sería Agencia IDEA). Lo firmarían el exconsejero José Antonio Viera y Antonio Fernández, entonces viceconsejero. Ese convenio -que ni fue fiscalizado por la Intervención, ni aprobado en Consejo de Gobierno ni publicitado- decía que las ayudas serían otorgadas por la Dirección General de Trabajo. El IFA se limitaría a materializar los pagos. ¿En qué cambió esto los controles?, preguntó la diputada de IU, Alba Doblas. "La diferencia es abismal", explicó el exinterventor. Si las ayudas las hubiera pagado directamente la Consejería, la Intervención habría ejercido control previo y sus recomendaciones hubieran sido vinculantes. Al sacar el fondo del circuito oficial y convertir al IFA en pagador, la Intervención se limitaba a un control posterior y no vinculante.

Con todo, cuando la Intervención auditó el ejercicio del IFA de 2003 saltaron las alarmas. "Detectamos deficiencias, errores o incumplimientos, la mayoría atribuibles a la Consejería de Empleo, en 15 momentos diferentes", sostuvo Gómez. Se llevó a cabo una actuación extraordinaria de control que se plasmó en un informe en 2005. Hay tres conclusiones relevantes. Primero: Empleo estaba contrayendo obligaciones de pago superando los créditos aprobados. Se generó "una insuficiencia presupuestaria de 38 millones de euros". Esto sí se corrigió por Hacienda. Segundo: El procedimiento utilizado no era adecuado. Se utilizaba una transferencia de financiación desde la Consejería al ente público para pagar las ayudas a pesar de que esa fórmula solo se contempla para subsanar pérdidas o atender gastos y nunca con carácter finalista. ["Es una controverisa contable. El 30 o el 50% de las transferencias de financiación no se utilizan bien", incidió Gómez]. Y tercero: la Dirección General de Trabajo otorgaba subvenciones "prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido". No había norma que regulara las ayudas ni un registro de solicitantes. "Lo advertimos y quien tenía que haber tomado decisiones no las tomó", concluyó Gómez. Ese informe excepcional se envió al director general de IDEA, al consejero de Innovación y al de Hacienda. De forma extraordinaria se remitió por su gravedad al consejero de Empleo. Todos ignoran o no leen el informe, aseguran, excepto Empleo, que replicó en un contrainforme. Nada cambió."¿Y me pregunta que por qué no hice un informe de actuación? No procedía. Me está sometiendo a una prueba diabólica. ¿Qué más pude hacer?", replicó el exinterventor al PSOE.


  • 1