Burguillos ya puede desarrollar al completo su PGOU. Tras el fallo del TSJA que obliga a la Junta a aprobarle entero su desarrollo urbanístico, incluyendo las dos parcelas con 2.300 viviendas que bloqueó, la Administración autonómica ha decidido no recurrir y dar así vía libre a Burguillos.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ya es firme después de que, a principios de esta semana, expirase el plazo que tenía la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio para recurrirla. De esta manera, se admite que tenía razón en sus argumentos el Ayuntamiento de Burguillos, al que en 2006 le paralizaron los dos terrenos principales de su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que, además, eran con los que se iba a obtener la financiación para todo el desarrollo urbanístico.
Desde la consejería se admitía ayer la mayor: se ha actuado contra la autonomía local, tal y como establece la sentencia. Eso sí, se subraya que el fallo no estuvo en poner trabas al crecimiento poblacional del pueblo (según los datos esgrimidos por la Junta la población iba a crecer hasta las 24.550 personas, un 443% más) sino en decidir unilateralmente cuáles eran los terrenos en los que no podían ir viviendas. Dicho de otra manera, se tendría que haber limitado el crecimiento residencial, pero dejando al Ayuntamiento decidir en qué parcelas hacía las viviendas.
La explicación que se da para justificar esta actuación es que entonces no había una norma urbanística supramunicipal que limitase crecimientos desorbitados. Poco tiempo después se aprobó el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), que cumple esta función, por lo que se considera que la sentencia no sirve de precedente para que algún municipio alegue que puede crecer todo lo que quiera: los límites ya los pone el POTA.
Victoria. Por su parte, desde el Ayuntamiento de Burguillos se brindaba por esta importante victoria legal, aunque no se cargaban las tintas contra la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. De hecho se descarta presentar una reclamación patrimonial, una especie de petición de daños y perjuicios, una cautela que se explica con que el alcalde, José Juan López (PSOE), confía ahora en conveniar con la Junta dos de los proyectos que tiene bloqueados por la falta de financiación, el colegio y la ronda de circunvalación del pueblo.
El regidor no quiere presentar el recurso como una batalla contra su partido -"fue una acción administrativa, no política, contra una resolución injusta"- y asegura que se están dando los pasos para hacer viable el PGOU, que con la crisis va a tener muchos más problemas que cuando se aprobó provisionalmente en 2005.
