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La Junta decidirá en primavera si salva 60 chiringuitos ilegales

El próximo 1 de abril los chiringuitos de las playas serán competencia de la Junta. Es una de las consecuencias inmediatas del traspaso que ayer sellaron en Málaga el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, y la consejera andaluza de la Presidencia, Mar Moreno.

el 12 ene 2011 / 13:41 h.

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García Garrido, Zarrías, Chaves y Moreno ayer durante la firma del traspaso en Málaga.

La firma deja en manos de Andalucía la gestión del litoral en los términos que recoge su Estatuto. La transferencia se ha cifrado en 2,1 millones y supondrá el traspaso de 62 puestos de trabajo (18 funcionarios y 44 laborales).

Fue en junio de 2009 cuando el presidente José Antonio Griñán reivindicó por vez primera estas competencias. Se lo pidió a Rodríguez Zapatero en su primera entrevista en La Moncloa. Ayer, año y medio después, se materializó un traspaso que conlleva que sea el Ejecutivo autonómico el encargado de otorgar, conforme a la Ley de Costas, las autorizaciones y concesiones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre. Es decir, de todo lo que se sitúe en la playa.

Se mitigan así dos polémicas. A partir de primavera será la Junta la encargada de tramitar las licencias para los establecimientos playeros después de meses de pelea con el Ministerio de Medio Ambiente. Si habrá o no amnistía general no está claro. La Junta informó ayer de que habrá una próxima reunión en febrero con la Federación Andaluza de Empresarios de Playas.

Las cifras oficiales hablan de que en Andalucía hay unos 900 chiringuitos, aunque solamente alrededor de 60 (un 10%) incumple la norma por estar instalados de forma fija sobre la arena. Para estos, la mayoría en la Costa del Sol, es el problema. El Ministerio anunció su desmantelamiento, puesto que se agotaron sus licencias y la legislación en vigor impedía esta ubicación. Ahora será la Junta la que deba renovar estas autorizaciones y también, por ejemplo, decidir si podrán abrir todo el año.

El Gobierno andaluz defiende que los chiringuitos aportan "personalidad" a la marca turística y ha mostrado una actitud conciliadora hacia estos bares que, según el sector, llegan al mover al año 500 millones de euros y emplear a 40.000 personas. Frente a la actitud inicial del Ministerio de Medio Ambiente, empeñado en ilegalizar y derribar los establecimientos sobre la arena, la Junta trató de disuadir esa amenaza de cierre. La consejera de la Presidencia destacó la "importancia" de estos peculiares restaurantes y prometió "la mayor cercanía y sensibilidad" para tramitar sus licencias, si bien aclaró que "no cambia" la Ley de Costas, al ser preguntada por las sanciones ya impuestas.

El otro conflicto solucionado es el del deslinde de Doñana, que la Junta amagó con llevar los tribunales. El Ministerio aprobó el pasado verano un deslinde polémico, puesto que declaraba bajo su protección y dominio no solo la primer línea de playa en el Parque Natural, sino varios kilómetros más tierra adentro correspondientes a las dunas de arena arrastradas por el mar. La Junta insistió ayer en que no había diferencias en el fondo (ambas administraciones creen que la protección de esta franja debe ser la máxima) sino "en la forma". Chaves destacó la importancia de que haya una "una gestión integral y global" de Doñana. Los ecologistas se mostraron ayer en contra del traspaso porque "no es la solución para temas tan candentes".

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